El vicepresidente de Ecuador y un cuñado del presidente, acusados de recibir dinero del narcotráfico

L D (EFE) El Gobierno no se ha pronunciado aún sobre las renuncias de seis ministros y tampoco ha confirmado si el resto del gabinete ha dimitido, tal y como se anunció a finales de la semana pasada. Algunos ministros consideran que no es necesario presentar por escrito su renuncia, al afirmar que su cargo está a disposición del presidente, Lucio Gutiérrez.

Pero mientras circulan versiones encontradas sobre las renuncias, también empiezan a sonar ya los posibles sucesores hasta tal punto de que el ministro del Interior, Felipe Mantilla, ha tenido que hacer un llamamiento a la calma. Los partidos políticos se han apresurado a desmentir cualquier tipo de acuerdo con el Gobierno para la nueva conformación del gabinete. Aunque oficialmente no se reconoce, sí atraviesa una crisis a raíz de la supuesta financiación de la campaña proselitista de Gutiérrez con dinero del narcotráfico.

Un miembro de Sociedad Patriótica (PSP), el partido en el Gobierno, dijo hace unos días al diario El Comercio que la familia Fernández Cevallos, investigada por presunto narcotráfico, entregó 30.000 dólares a esa formación para la campaña electoral del año pasado, algo lo que el Ejecutivo niega rotundamente. La acusación surgió mientras la Policía detenía a 14 personas, entre ellas el empresario ecuatoriano César Fernández, en la llamada "Operación Aniversario" y en la que los agentes se incautaron de casi media tonelada de cocaína. Pese a los constantes desmentidos del Gobierno sobre cualquier vínculo con César Fernández, varias fotografías evidencian su participación en un mitin político.

La fiscal Eugenia Vallejo, que dirige la investigación de la "Operación Aniversario", no descarta llamar a declarar a Napoleón Villa, cuñado del presidente, quien hasta esta semana dirigía el PSP y para quien el Movimiento Popular Democrático, personado en la acusación, exige prisión preventiva. Desde la Comisión de Fiscalización del Parlamento se solicita a la Superintendencia de Bancos que entregue información sobre las operaciones bancarias de 64 personas vinculadas con el Gobierno, pero el diputado oficialista Renán Borbúa ha confirmado que no hay recibos de algunas aportaciones a la campaña.

Pero el ojo del huracán envuelve ahora al vicepresidente de la República, quien aunque nunca ha negado conocer a César Fernández, siempre ha descartado que se tratase de una "amistad", como asegura el imputado. Atribuye su relación con César Fernández a una vinculación laboral cuando los dos trabajaban en el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996): el primero como gobernador de la provincia de Manabí y Palacio como ministro de Salud. La situación se le complica a Palacio tras filtrarse a la prensa un documento oficial en el que proponía a César Fernández para un cargo gubernamental, iniciativa que no llegó a fructificar.