El Tribunal Europeo DDHH condena a Rusia por desapariciones en Chechenia

El Estado ruso fue condenado también por la desapariciones de Yusup Satabayev y Kazbek Vakhayev, detenidos en el año 2000 en sendas operaciones de seguridad y, teóricamente liberados posteriormente, según las autoridades rusas, a pesar de que no existen documentos que lo acrediten y pese a que sus familiares identificaron sus cadáveres.

Los magistrados condenaron al Gobierno ruso a indemnizar a la familias de Khantiyev, Satabayev y Vakhayev con 130.540 por ausencia de investigación efectiva sobre su desaparición, tratamiento psicológico inhumano a la familia y detención no reconocida y por negarse a aportar los documentos solicitados por el Tribunal.

En el caso de Khantiyev, los hechos se remontan a diciembre del año 2000, cuando un grupo de hombres armados y vestidos con uniformes de camuflaje irrumpieron en su domicilio en la localidad chechena de Grozny y le secuestraron, a pesar de que la residencia se encontraba rodeada por varios puestos de observación militar, dos de ellos en el propio tejado del edificio.

El Gobierno ruso argumentó que el comando de secuestradores era un "grupo armado ilegal no identificado que se hacía pasar por militares rusos".

Sin embargo, la sentencia recoge que "el Tribunal tiene problemas para comprender cómo un grupo de hombres armados a bordo de un vehículo desprovisto de placa de matriculación pudo secuestrar al familiar de los demandantes sin que los militares instalados en el tejado del edificio reaccionaran".

"Los elementos expuestos establecen, fuera de toda duda razonable, que el familiar de los demandantes fue secuestrado por agentes del Estado y que probablemente perdió la vida tras su arresto, no reconocido, llevado a cabo por militares rusos en una operación de seguridad", agregan los magistrados.

En los casos de Satabayev y Vakhayev, el Estado reconoce su detención, el Tribunal entiende probado que desaparecieron cuando Rusia dice haberlos liberado, el 14 de agosto del 2000, "durante su detención a manos del Estado" y entiende que procede "suponer que murieron después de su detención no reconocida"