El Supremo de Bogotá condena a prisión a tres irlandeses por entrenar a terroristas de las FARC

L D (EFE) La Corte ordena que se proceda a la captura y encarcelamiento de Niall Connolly, James Monagham y Martin McCaulley. Los tres disfrutan de libertad condicional desde abril, cuando un juzgado bogotano les absolvió del delito de “entrenamiento para actividades ilícitas”. Se supone que todavía están en la capital colombiana, ya que debían esperar a que el Tribunal Superior se pronunciara sobre este último fallo.

Connolly, Monagham y McCaulley fueron procesados entonces por entrenar a terroristas de las FARC y por ingresar en Colombia, en agosto de 2001, con pasaportes falsificados. El juez Jairo Acosta les absolvió del primer cargo, pero por el segundo les condenó a penas de entre 26 a 44 meses de cárcel. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá considera que también incurrieron en el delito de “entrenamiento para actividades ilícitas”.

Según la Corte, los tres presuntos miembros del grupo terrorista IRA (Ejército Republicano Irlandés) viajaron en 2001 a la zona de distensión habilitada por la anterior Administración colombiana para entrenar a los miembros de las FARC que se encontraban allí.

La acusación había sido formulada por las Fuerzas Militares del país, que detuvo a Connolly, Monagham y McCaulley el 11 de agosto de aquel año cuando trataban de gestionar un vuelo comercial al exterior en el aeropuerto de Eldorado (Bogotá).

Los extranjeros regresaban de la mencionada zona (situada en el sur del país), donde por entonces el Gobierno y las FARC celebraban un proceso de paz que finalmente, y tras varias atentados de este grupo terrorista, fracasó. Según las autoridades castrenses, durante las cinco semanas que permanecieron allí adiestraron a los terroristas en la fabricación y el manejo de explosivos.

La sentencia del Superior establece que Conolly y Monagham cumplan 17 años y seis meses de prisión y paguen una multa equivalente a 228.000 dólares. La pena para McCaulley es de 17 años y multa de 198.000 dólares.

En la vista pública –que terminó en agosto de 2003– los ahora condenados se declararon inocentes y acusaron a los militares colombianos de desvirtuar sus gestiones en el país, que afirmaron guardaban relación con el proceso de paz entre las FARC y el Gobierno. Por lo que hace a los documentos que se les interceptaron, dijeron que eran pasaportes legítimos pero puestos a nombre de otras personas por motivos de seguridad, debido a sus antiguos nexos con el IRA.