El Senado de Argentina aprueba, tras 14 horas de debate, la Ley Audiovisual

El Senado de Argentina ha aprobado este sábado, tras catorce horas de debates, la nueva ley de Medios Audiovisuales propuesta por el Gobierno de Cristina Fernández en un pulso con la oposición y grandes empresas periodísticas que ven afectados sus intereses.

La nueva ley fue aprobada por 44 votos contra 24, en presencia de 68 de los 72 miembros del Senado.

Tras esta aprobación general comenzó la votación "en particular" de cada uno de los más de 160 artículos de una normativa que ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados, que volvería a tratarla en caso de que los senadores cambien algún punto.

Polémica en torno a la ley

El resultado de esta primera votación despertó la ovación de miles de manifestantes movilizados frente a la sede del Parlamento por grupos políticos y sociales afines al Gobierno. Estos manifestantes siguieron los debates por medio de una "radio abierta" y una gran pantalla de televisión instalada en un palco de la llamada "Coalición por una Radiodifusión Democrática".

El peronista Frente para la Victoria de Fernández sostiene que tiene más de los 37 votos necesarios para que en las próximas horas se apruebe la ley sin ningún cambio en sus artículos, con lo cual quedaría definitivamente aprobada.

Uno de los últimos oradores fue el senador Gerardo Morales, líder de la Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria, quien cuestionó duramente a la senadora opositora María Sánchez, de quien dijo que fue sobornada para que cambiara de opinión y votara a favor del oficialismo.

El también radical Ernesto Sanz criticó el manejo oficialista de la publicidad estatal y el "bloqueo" del Gobierno al derecho de acceso a la información pública. "El Gobierno nos obliga todos los días a desconfiar de sus acciones", subrayó.

"Fin de los monopolios"

La UCR y otras fuerzas de la oposición formada por peronistas disidentes, conservadores, socialistas e independientes aspiran a captar los votos de legisladores que votaron a favor de la ley en general, pero quieren cambiar varios artículos, entre ellos el sistema de control de los medios de comunicación y el plazo para que las empresas se adecúen a la nueva normativa.

El líder del grupo de senadores oficialistas, Miguel Pichetto, opinó que los planteamientos de la oposición son "absurdos totales" e insistió con que esta ley apunta a "una posición razonable" de las empresas en el sector de medios audiovisuales y contra "posiciones dominantes, casi de monopolio"

Remarcó además que fue el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Fernández, quien "rescató" a varias empresas de televisión y radio al prorrogar sus licencias en 2005 cuando "estaban al borde de la quiebra y hubieran quebrado" sin esa decisión.

Durante unos debates que comenzaron a las 11.00 horas del viernes, algunos senadores oficialistas insistieron en que se trata de una ley que termina con los monopolios mediáticos y algunos denunciaron haber recibido "presiones" de la prensa.

Sin más cambios

Desde las filas oficialistas también se acusó a la oposición de poner excusas para demorar la aprobación de la nueva normativa en sintonía con los intereses de grandes conglomerados de medios de comunicación.

Pichetto sostuvo que la nueva normativa será aprobada sin cambiar el texto aprobado por los diputados porque "ya hubo un amplio consenso" en esa cámara legislativa, en la que el Gobierno aceptó "importantes" modificaciones, entre ellas que las compañías telefónicas no podrán entrar en el negocio de los medios audiovisuales.

Antes de comenzar los debates, el jefe del grupo de legisladores oficialistas había asegurado que entre los 72 miembros del Senado hay "entre 38 y 39" votos a favor de que no cambie ningún artículo de la nueva normativa, que reemplazará a la vigente desde la dictadura militar (1976-1983).

Los artículos cuestionados son los referidos a la creación de la Autoridad de Aplicación, encargada de regular los medios, que según la oposición estará controlada por el Gobierno, y al período que tienen las empresas periodísticas para acogerse a la nueva ley.