LD (Agencias) Miguel Ángel Mufarech, presidente de la Región Lima, acusó públicamente al Gobierno peruano de estar ocultando información sobre la muerte de siete huelguistas a manos del Ejército durante los enfrentamientos registrados el pasado miércoles en la provincia norteña de Barranca. Aurelio Loret de Mola, ministro de Defensa, aseguró que en esa ocasión, los militares sólo emplearon perdigones aunque imágenes de la televisión han mostrado que los soldados utilizaron sus fusiles para reprimir a los manifestantes. Los servicios sanitarios presentes confirmaron que atendieron a varios heridos. El presidente regional, quien milita en el opositor Partido Aprista Peruano (PAP), denunció ante varios reporteros que al menos siete personas "han desaparecido" del hospital regional y que pueden haber muerto a consecuencia de las graves heridas producidas por disparos de armas de guerra. "Hay un movimiento anormal en el mortuorio de Barranca", reveló tras asegurar que confirmó el reporte de 25 personas internadas, de las cuales encontró sólo a 18 con heridas de bala “en el estómago, hígado, columna, cara y la cabeza”.
Oficialmente, la violencia social que afecta Perú ha dejado una persona muerta y más de doscientos heridos, entre manifestantes y militares. El más grave enfrentamiento se registró este jueves en el departamento andino de Puno. Isaac Manzaneda, director del Hospital Regional, ha confirmado que el estudiante identificado como Eddie Jonhy Quilca Cruz, de 22 años, murió a causa de un impacto de bala. Setenta personas fueron internadas con heridas de bala, fracturas y golpes. Manzaneda, quien antes había señalado que eran dos las víctimas mortales, señaló que esa primera cifra se basó en una aparente confusión generada en medio del caos presentado por la llegada de los numerosos heridos y afectados al centro hospitalario. Las imágenes de la televisión peruana mostraron a un grupo de militares disparando con fusiles de combate contra los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, a unos 1.100 kilómetros de Lima.
El ministro de Defensa dijo que el Gobierno del presidente Alejandro Toledo seguirá actuando con “firmeza y decisión” para hacer cumplir el estado de emergencia. Aurelio Loret de Mola solicitó a la población respetar las normas y evitar incurrir en actos de provocación y violencia para lograr restablecer la paz y el diálogo civilizado en el país. Además, explicó que en los enfrentamientos de Puno dejaron un muerto y 61 heridos (46 civiles y 15 militares) y que a los huelguistas se les incautaron armas punzocortantes y de fuego. Tras lamentar la muerte del estudiante, enfatizó que un grupo de militares (un oficial y siete soldados) respondieron con fuego cuando se vieron amenazados por una turba de más de dos mil manifestantes que portaban piedras y armas blancas. Denunció que entre los inconformes se encuentran “delincuentes infiltrados”. El funcionario anunció que explicará al Parlamento los hechos en una sesión declarada secreta porque se abordarán “temas que pueden afectar asuntos de seguridad nacional y orden interno”.
En otras ciudades del país, como las sureñas Arequipa y Tacna, la central Junín y la norteña Trujillo, también se produjeron incidentes entre militares y policías contra manifestantes. En Lima, mientras tanto, la situación se mantuvo en relativa calma, mientras tanques del Ejército se apostaron en lugares céntricos y la policía dispersó frente al Palacio de Justicia a varios centenares de trabajadores judiciales. Los maestros estatales, en huelga desde hace diecisiete días, anunciaron que en las próximas horas continuaran con sus manifestaciones, por lo que las clases no han podido reanudarse a pesar de que la protesta fue declarada ilegal el martes pasado.
Oficialmente, la violencia social que afecta Perú ha dejado una persona muerta y más de doscientos heridos, entre manifestantes y militares. El más grave enfrentamiento se registró este jueves en el departamento andino de Puno. Isaac Manzaneda, director del Hospital Regional, ha confirmado que el estudiante identificado como Eddie Jonhy Quilca Cruz, de 22 años, murió a causa de un impacto de bala. Setenta personas fueron internadas con heridas de bala, fracturas y golpes. Manzaneda, quien antes había señalado que eran dos las víctimas mortales, señaló que esa primera cifra se basó en una aparente confusión generada en medio del caos presentado por la llegada de los numerosos heridos y afectados al centro hospitalario. Las imágenes de la televisión peruana mostraron a un grupo de militares disparando con fusiles de combate contra los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, a unos 1.100 kilómetros de Lima.
El ministro de Defensa dijo que el Gobierno del presidente Alejandro Toledo seguirá actuando con “firmeza y decisión” para hacer cumplir el estado de emergencia. Aurelio Loret de Mola solicitó a la población respetar las normas y evitar incurrir en actos de provocación y violencia para lograr restablecer la paz y el diálogo civilizado en el país. Además, explicó que en los enfrentamientos de Puno dejaron un muerto y 61 heridos (46 civiles y 15 militares) y que a los huelguistas se les incautaron armas punzocortantes y de fuego. Tras lamentar la muerte del estudiante, enfatizó que un grupo de militares (un oficial y siete soldados) respondieron con fuego cuando se vieron amenazados por una turba de más de dos mil manifestantes que portaban piedras y armas blancas. Denunció que entre los inconformes se encuentran “delincuentes infiltrados”. El funcionario anunció que explicará al Parlamento los hechos en una sesión declarada secreta porque se abordarán “temas que pueden afectar asuntos de seguridad nacional y orden interno”.
En otras ciudades del país, como las sureñas Arequipa y Tacna, la central Junín y la norteña Trujillo, también se produjeron incidentes entre militares y policías contra manifestantes. En Lima, mientras tanto, la situación se mantuvo en relativa calma, mientras tanques del Ejército se apostaron en lugares céntricos y la policía dispersó frente al Palacio de Justicia a varios centenares de trabajadores judiciales. Los maestros estatales, en huelga desde hace diecisiete días, anunciaron que en las próximas horas continuaran con sus manifestaciones, por lo que las clases no han podido reanudarse a pesar de que la protesta fue declarada ilegal el martes pasado.