El partido de Lula maniobra para evitar una investigación parlamentaria sobre la corrupción

L D (EFE) El caso se refiere a una petición de dinero para campañas electorales y comisiones, hecho hace dos años en nombre del PT, por un funcionario de la lotería de Río de Janeiro que acabó convertido en asesor en el palacio presidencial cuando Lula llegó al poder, en enero de 2003.

Aunque el funcionario fue destituido la misma mañana en que se conoció la denuncia, el caso ha servido para que la oposición cargue contra Lula y su partido en un año en que tienen que disputarse elecciones municipales, previstas para octubre próximo.

Los esfuerzos del PT para impedir la creación de una comisión de investigación parlamentaria parecieron comenzar a dar frutos este mismo martes, según la portavoz del PT en el Senado, Ideli Salvati. La senadora afirmó que todos los miembros de la compleja base parlamentaria que tiene Lula –que incluye hasta partidos de derecha– se han puesto de acuerdo contra la iniciativa del PSDB, que secundan otros partidos de oposición.

La portavoz del PT dijo que se "acordó esperar" a que el Congreso exprese su parecer sobre el decreto dictado por Lula, a raíz del escándalo, mediante el que fueron prohibidas temporalmente todas las casas de bingo de Brasil. Lula ordenó el cierre de los bingos por las vinculaciones que el juego, tanto legal como ilegal, tiene con el escándalo de la financiación de las campañas electorales.

Mientras, la oposición parece haber perdido capacidad de fuego cuando unas acusaciones contra uno de los ministros de Lula prometidas para este martes se redujeron a la lectura de unos viejos recortes de prensa. Sólo han sido "calumnias" y "difamaciones", replicó el líder del PT en el Senado, Aloizio Mercadante, después de escuchar al opositor laborista José Almeida Lima hacer una acusación que no pareció convencer a nadie.

La senadora Salvati, en la misma tribuna, denunció la "irresponsabilidad de los que quieren paralizar al Congreso y al Gobierno" y frustrar los planes de Lula para que el país recupere la senda de la prosperidad. Almeida Lima pretendió poner en el ojo del huracán al ministro de la Casa Civil, José Dircéu, considerado hasta ahora el "hombre más fuerte" del Gobierno, mano derecha de Lula y amigo, protector y jefe del destituido funcionario Waldomiro Diniz, cuyas relaciones con la mafia del juego desataron el escándalo.

Al tiempo, el cierre de los bingos ha provocado manifestaciones en las principales ciudades del país, donde miles de personas protestaron por los más de 300.000 puestos de trabajo perdidos por la medida dictada por Lula contra un sector que mueve unos 2.000 millones de dólares al año. Los adversarios de Lula, incluso desde un sector expulsado del PT, le han echado en cara que la actitud en el Gobierno es diametralmente opuesta a la que el hoy partido oficialista tuvo desde su fundación, en 1980, como martillo implacable contra todo los que oliera a corrupción.

En el partido de Lula, pese a la confianza de sus portavoces en el Senado, aún hay parlamentarios inclinados a crear la comisión parlamentaria, aunque algunos han anticipado que se ceñirán a la disciplina partidaria en caso de que se les pida expresamente retirar su apoyo a la investigación. El escándalo ha deteriorado públicamente al ministro Dirceu pero no parece haber mellado la credibilidad y popularidad de Lula que, según una encuesta centrada en la corrupción, mantiene desde octubre pasado su aprobación personal en un 60 por ciento.