L D (EFE) El informe de la Comisión, formada por juristas independientes y diputados y encargada de investigar las acusaciones contra Paksas ha sido presentado al Parlamento en una sesión extraordinaria.
El vicepresidente de la Comisión, Julius Sabatauskas, ha explicado el apoyo a los seis puntos de la acusación formulada contra el jefe de Estado y considera que Paksas "incumplió su juramento y violó gravemente la Constitución", además de permitir infracciones de la ley por parte de sus asesores. Tras escuchar el informe, el Parlamento adoptará una resolución para poner en marcha el proceso de destitución y, como primer paso, cursará las conclusiones de la Comisión al Tribunal Constitucional.
La Comisión ha validado las conclusiones de una anterior investigación parlamentaria de que Paksas "es vulnerable" a la presión de grupos de interés y "no ha garantizado la preservación de los secretos del Estado". Asimismo concluye que el presidente "influyó ilegalmente en la actividad económica de empresas privadas", "confundió los intereses públicos con los privados" y "alteró el funcionamiento normal de las instituciones estatales" Por último, constata que el presidente "ejerció su cargo con negligencia y no delimitó las competencias de los funcionarios de su cancillería, lo que les ha permitido abusar de sus facultades".
Tras el veredicto del Constitucional, se calcula que la votación decisiva en el Parlamento (donde una mayoría de diputados son partidarios de iniciar el proceso de destitución) podría realizarse el próximo mes de abril o mayo. Según la Constitución lituana, en caso de destituir al jefe de Estado, sus funciones las asumiría provisionalmente el presidente del Parlamento, que debería convocar elecciones en un plazo de dos meses. El proceso contra Paksas, basado en informes de los servicios secretos, ha derivado en la mayor crisis política en Lituania desde su independencia de la URSS en 1991 y empaña la entrada de este país báltico en la Unión Europea y la OTAN en mayo próximo.
El escándalo estalló en octubre pasado, cuando el canal privado de televisión LNK reveló que el presidente y sus asesores otorgaban favores a empresas rusas de dudosa reputación que invirtieron más de 400.000 dólares en su campaña electoral. LNK también informó de que Paksas concedió ilegalmente la nacionalidad lituana al "mecenas" de su campaña, Yuri Borísov, empresario ruso acusado de exportar armas a Sudán y de cuya firma se llegó a sospechar que era una tapadera para el espionaje ruso. El Departamento de Seguridad del Estado (VSD) confirmó los datos y añadió que el presidente filtró información secreta útil para las empresas de Borísov y que éste llegó a amenazarlo exigiendo a sus asesores mayores favores.
El Tribunal Constitucional ya dictaminó hace poco que Paksas (ex primer ministro y ex alcalde de Vilna) violó la Carta Magna cuando concedió a Borísov la nacionalidad lituana, poco después de ganar las elecciones presidenciales hace un año. Paksas, convencido de que es víctima de una "campaña política" orquestada por sus detractores, se niega a dimitir, como le sugiere el primer ministro, Algirdas Brazauskas, quien denuncia que el escándalo está convirtiendo a Lituania en un paria internacional. El presidente eludió testificar ante la Comisión Especial, aunque finalmente ha accedido a responderle por escrito.
El vicepresidente de la Comisión, Julius Sabatauskas, ha explicado el apoyo a los seis puntos de la acusación formulada contra el jefe de Estado y considera que Paksas "incumplió su juramento y violó gravemente la Constitución", además de permitir infracciones de la ley por parte de sus asesores. Tras escuchar el informe, el Parlamento adoptará una resolución para poner en marcha el proceso de destitución y, como primer paso, cursará las conclusiones de la Comisión al Tribunal Constitucional.
La Comisión ha validado las conclusiones de una anterior investigación parlamentaria de que Paksas "es vulnerable" a la presión de grupos de interés y "no ha garantizado la preservación de los secretos del Estado". Asimismo concluye que el presidente "influyó ilegalmente en la actividad económica de empresas privadas", "confundió los intereses públicos con los privados" y "alteró el funcionamiento normal de las instituciones estatales" Por último, constata que el presidente "ejerció su cargo con negligencia y no delimitó las competencias de los funcionarios de su cancillería, lo que les ha permitido abusar de sus facultades".
Tras el veredicto del Constitucional, se calcula que la votación decisiva en el Parlamento (donde una mayoría de diputados son partidarios de iniciar el proceso de destitución) podría realizarse el próximo mes de abril o mayo. Según la Constitución lituana, en caso de destituir al jefe de Estado, sus funciones las asumiría provisionalmente el presidente del Parlamento, que debería convocar elecciones en un plazo de dos meses. El proceso contra Paksas, basado en informes de los servicios secretos, ha derivado en la mayor crisis política en Lituania desde su independencia de la URSS en 1991 y empaña la entrada de este país báltico en la Unión Europea y la OTAN en mayo próximo.
El escándalo estalló en octubre pasado, cuando el canal privado de televisión LNK reveló que el presidente y sus asesores otorgaban favores a empresas rusas de dudosa reputación que invirtieron más de 400.000 dólares en su campaña electoral. LNK también informó de que Paksas concedió ilegalmente la nacionalidad lituana al "mecenas" de su campaña, Yuri Borísov, empresario ruso acusado de exportar armas a Sudán y de cuya firma se llegó a sospechar que era una tapadera para el espionaje ruso. El Departamento de Seguridad del Estado (VSD) confirmó los datos y añadió que el presidente filtró información secreta útil para las empresas de Borísov y que éste llegó a amenazarlo exigiendo a sus asesores mayores favores.
El Tribunal Constitucional ya dictaminó hace poco que Paksas (ex primer ministro y ex alcalde de Vilna) violó la Carta Magna cuando concedió a Borísov la nacionalidad lituana, poco después de ganar las elecciones presidenciales hace un año. Paksas, convencido de que es víctima de una "campaña política" orquestada por sus detractores, se niega a dimitir, como le sugiere el primer ministro, Algirdas Brazauskas, quien denuncia que el escándalo está convirtiendo a Lituania en un paria internacional. El presidente eludió testificar ante la Comisión Especial, aunque finalmente ha accedido a responderle por escrito.