L D (EFE) El ministro de Relaciones con el Parlamento, Carlo Giovanardi, dibujó los planes futuros del Ejecutivo.
"Se comenzará con una ley constitucional", afirmó Giovanardi, que se remitió a la vía de reforma de la Constitución como la "más conveniente" para reintroducir en Italia la inmunidad, suspendida para todos los parlamentarios en los años 90 durante los procesos anticorrupción de Tangentopoli.
La reforma constitucional obliga a completar un largo periodo parlamentario, ya que son necesarias dos lecturas por parte de cada una de las dos Cámaras parlamentarias, con un intervalo entre una y otra de al menos tres meses. La iniciativa planteada por Giovanardi la hizo suya el diputado de Forza Italia y ex abogado de Berlusconi, Carlo Taormina, que anunció la presentación de un proyecto de ley inspirado en el modelo de la inmunidad que rige para los parlamentarios europeos.
La reforma constitucional obliga a completar un largo periodo parlamentario, ya que son necesarias dos lecturas por parte de cada una de las dos Cámaras parlamentarias, con un intervalo entre una y otra de al menos tres meses. La iniciativa planteada por Giovanardi la hizo suya el diputado de Forza Italia y ex abogado de Berlusconi, Carlo Taormina, que anunció la presentación de un proyecto de ley inspirado en el modelo de la inmunidad que rige para los parlamentarios europeos.
Una ley promulgada con prisas
En ese caso es el Parlamento el que decide si se puede proceder judicialmente contra uno de sus miembros, al contrario de la ley declarada anticonstitucional en Italia, que se limitaba a suspender los procesos contra los cinco altos cargos del Estado durante el tiempo que durase su mandato. La ley anulada por el Alto Tribunal italiano fue redactada y aprobada con toda celeridad para que entrara en vigor antes de que Berlusconi, que ya estaba procesado, asumiese la presidencia de turno de la UE, en julio pasado.
La mayoría gubernamental siguió atacando este miércoles con dureza a los miembros del Constitucional, con la acusación de que actuaron con "intenciones políticas" y la insinuación de que están "conchabados" con la oposición. Mientras, desde la oposición volvieron a oírse argumentos en defensa de la "legitimidad" de la decisión y de la independencia de los magistrados y en contra de lo que consideran un nuevo intento del Gobierno "de forzar un enfrentamiento institucional".
En ese caso es el Parlamento el que decide si se puede proceder judicialmente contra uno de sus miembros, al contrario de la ley declarada anticonstitucional en Italia, que se limitaba a suspender los procesos contra los cinco altos cargos del Estado durante el tiempo que durase su mandato. La ley anulada por el Alto Tribunal italiano fue redactada y aprobada con toda celeridad para que entrara en vigor antes de que Berlusconi, que ya estaba procesado, asumiese la presidencia de turno de la UE, en julio pasado.
La mayoría gubernamental siguió atacando este miércoles con dureza a los miembros del Constitucional, con la acusación de que actuaron con "intenciones políticas" y la insinuación de que están "conchabados" con la oposición. Mientras, desde la oposición volvieron a oírse argumentos en defensa de la "legitimidad" de la decisión y de la independencia de los magistrados y en contra de lo que consideran un nuevo intento del Gobierno "de forzar un enfrentamiento institucional".