El Gobierno filipino tiene pruebas de la implicación de diputados de izquierda en el intento de golpe de Estado
El consejero de seguridad nacional del Gobierno de Filipinas, Norberto Gonzáles, afirmó que las instancias judiciales de su país recibirán las pruebas que involucran directamente a cinco diputados de partidos de izquierdas en el desarticulado intento de golpe de Estado contra la administración de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo. "Los documentos que hemos presentado al Ministerio de Justicia incluyen más de cien testimonios de testigos, y son muy, muy pesados. Pesan en total 1,5 toneladas", declaró Gonzales. Los legisladores se encuentran refugiados en la sede de la Cámara Baja desde que la mandataria impuso el estado de emergencia a finales de febrero para hacer frente a la posible asonada.
LD (EFE) En declaraciones a la cadena de televisión ANC, el consejero de seguridad nacional Norberto Gonzáles, afirmó que tiene pruebas contra cinco diputados izquierdistas a los que acusa de estar implicados en la reciente intentona golpista para derrocar a la presidenta del país.
Gonzáles afirmó: "Los documentos que hemos presentado al Ministerio de Justicia incluyen más de cien testimonios de testigos, y son muy, muy pesados. Pesan en total 1,5 toneladas". Los congresistas Satur Ocampo, Teddy Casiño y Joel Virador, del partido Bayan Muna; Rafael Mariano de Anakpawis (Hijos del sudor) y Liza Maza, del partido feminista Gabriela, se encuentran refugiados en la sede de la Cámara Baja desde que la presidenta Gloria Macapagal Arroyo impuso el estado de emergencia a finales de febrero tras denunciar que se había neutralizado un golpe de Estado.
Las autoridades acusaron a los cinco parlamentarios de izquierda, y a un sexto, Crispín Beltrán, que está detenido, de estar implicados en una conspiración fraguada entre militares descontentos de la extrema derecha y la oposición de izquierda, junto al ilegal Partido Comunista y su brazo armado, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP).
Los parlamentarios niegan todos los cargos y afirman que es un castigo por encabezar las movilizaciones que desde julio pasado presionan a la mandataria para que dimita, acusada de corrupción y de haber ganado fraudulentamente las elecciones de 2004, y una forma de acallarlos en el Legislativo, dominado por los fieles a Macapagal Arroyo y por la oposición "tradicional".
Gonzales aseguró que los documentos de que dispone "prueban la conexión de los cinco diputados con la lucha armada de los rebeldes comunistas" y el uso indebido de sus asignaciones parlamentarias para financiar a los rebeldes. Macapagal Arroyo ha dicho que los casos abiertos contra presuntos golpistas seguirán su curso, a pesar del levantamiento del estado de emergencia el viernes pasado.
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