L D (EFE) Toda la tierra –incluyendo las granjas que han sido expropiadas a los granjeros blancos en los últimos cuatro años y entregadas a la población negra– será confiscada por el Estado. El Gobierno "no perderá tiempo y dinero en adquirir la tierra, ya que al final será restablecida como patrimonio nacional", afirmó Nkomo.
"Los títulos de propiedad de las granjas serán abolidos y reemplazados por contratos de arrendamiento de 99 años", agregó el alto funcionario de la dictadura, que se atrevió a aconsejar a los actuales propietarios que ofrezcan sus tierras al Estado para tener "prioridad en el futuro arriendo" de las mismas.
Desde principios de 2000 la dictadura de Robert Mugabe ha expropiado sin compensación económica alrededor de once millones de hectáreas de tierras cultivables; sus propietarios eran unos 4.500 hacendados blancos, en su mayoría descendientes de ingleses. En esos terrenos se han establecido desde entonces cerca de 200.000 familias negras, y las cosechas comerciales en gran escala han sido sustituidas por los métodos propios de la agricultura de subsistencia.
El expolio de los granjeros blancos, la sequía, el control de precios, el monopolio estatal sobre las importaciones de cereales y la caída en la producción comercial del maíz (alimento básico de la población negra) sobrevenida tras la reforma agraria han hecho que el "Granero de África" esté ahora amenazado por el hambre. Se estima que dos tercios de la población (11 millones) puede ser víctima de la hambruna.
Los críticos de la reforma agraria aseguran que las mejores tierras han quedado en manos de los seguidores y familiares de Mugabe, que no las trabajan o han dejado que se arruinen, mientras que en el resto de las granjas expoliadas la producción se ha reducido al mínimo, ya que los nuevos ocupantes no pueden conseguir créditos bancarios para adquirir semillas, fertilizantes y combustibles para hacer funcionar la maquinaria, lo cual crea un círculo vicioso de "no tener para producir y no poder producir para tener".
Según Nkomo, la tenencia "en perpetuidad" de la tierra permitirá que los granjeros puedan obtener préstamos de los bancos, pero los analistas económicos señalan como "improbable" que éstos concedan créditos si la garantía de los mismos son tierras que pertenecen al Estado.
"Los títulos de propiedad de las granjas serán abolidos y reemplazados por contratos de arrendamiento de 99 años", agregó el alto funcionario de la dictadura, que se atrevió a aconsejar a los actuales propietarios que ofrezcan sus tierras al Estado para tener "prioridad en el futuro arriendo" de las mismas.
Desde principios de 2000 la dictadura de Robert Mugabe ha expropiado sin compensación económica alrededor de once millones de hectáreas de tierras cultivables; sus propietarios eran unos 4.500 hacendados blancos, en su mayoría descendientes de ingleses. En esos terrenos se han establecido desde entonces cerca de 200.000 familias negras, y las cosechas comerciales en gran escala han sido sustituidas por los métodos propios de la agricultura de subsistencia.
El expolio de los granjeros blancos, la sequía, el control de precios, el monopolio estatal sobre las importaciones de cereales y la caída en la producción comercial del maíz (alimento básico de la población negra) sobrevenida tras la reforma agraria han hecho que el "Granero de África" esté ahora amenazado por el hambre. Se estima que dos tercios de la población (11 millones) puede ser víctima de la hambruna.
Los críticos de la reforma agraria aseguran que las mejores tierras han quedado en manos de los seguidores y familiares de Mugabe, que no las trabajan o han dejado que se arruinen, mientras que en el resto de las granjas expoliadas la producción se ha reducido al mínimo, ya que los nuevos ocupantes no pueden conseguir créditos bancarios para adquirir semillas, fertilizantes y combustibles para hacer funcionar la maquinaria, lo cual crea un círculo vicioso de "no tener para producir y no poder producir para tener".
Según Nkomo, la tenencia "en perpetuidad" de la tierra permitirá que los granjeros puedan obtener préstamos de los bancos, pero los analistas económicos señalan como "improbable" que éstos concedan créditos si la garantía de los mismos son tierras que pertenecen al Estado.