L D (Agencias) Según informó un portavoz del ministerio español de Exteriores, el Gobierno venezolano "desautoriza los términos del acuerdo" alcanzado por los abogados de los etarras, que asegura se tomaron "sin su conocimiento". En este sentido, ha hecho saber al Gobierno español que "no va a conceder ni indemnización ni la nacionalidad a etarras". Exteriores explicó que el embajador, Raúl Morodo, se entrevistó con el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, quien le aseguró que las autoridades de su país "desautorizan" el contenido de los acuerdos de los que se habían hecho eco informaciones periodísticas.
Poco antes, un portavoz de Exteriores señalaba que el Ministerio "considera muy preocupantes las informaciones difundidas sobre miembros de ETA residentes en Venezuela", y añadía que tanto a través de la Embajada venezolana en España como de la Embajada española en Caracas, "se han solicitado explicaciones con carácter urgente y en su caso la correspondiente rectificación al Gobierno de Venezuela".
Tras la rectificación del gobierno chavista, el abogado venezolano Marino Alvarado ratificó a Europa Press que en junio se firmó un acuerdo amistoso entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela y los abogados de los dos etarras que fueron expulsados en el año 2002, en el que se establecía una indemnización de 1.000 millones de bolívares (350.000 euros) para Sebastián Echániz Alcorta y Juan Victor Galarza y sus familiares, por "daños y perjuicios" por su deportación "ilegal y arbitraria'. Se trata de un acuerdo amistoso de ocho páginas, que está firmado por los dos abogados de los etarras y la responsable de la Oficina del Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, María Auxiliadora Monagas, organismo dependiente del Ministerio de Exteriores encargado de adelantar las negociaciones y acuerdos en casos sometidos al procedimiento de solución amistosa, según explicó Alvarado a Europa Press.
Asimismo, precisó que este acuerdo se cerró con la citada oficina, "que actuaba con el consentimiento de los altos funcionarios de la Cancillería", y recordó que fue refrendado el 8 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se felicitó por el hecho de que el Estado venezolano hubiese negociado un acuerdo de esas características antes de que el organismo emitiera su sentencia. El letrado insistió en que el Ministerio de Exteriores conocía "a la perfección" el contenido de ese acuerdo amistoso y no entiende que ahora pretendan echarse para atrás. Es más, Alvarado asegura que en las últimas horas se ha puesto en contacto con Monagas, la persona que representó a la Cancillería en las negociaciones, quien reconoció la existencia de ese acuerdo y ratificó su validez. "No entiendo exactamente qué está pasando, pero me parece que el Gobierno está cediendo ante las presiones que le llegan de Madrid, y eso es inaceptable", indicó el abogado, quien advirtió que en caso de que las autoridades venezolanas decidan ahora incumplir lo pactado en junio, entonces elevarán su denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Gobierno de Hugo Chávez llegó a un acuerdo amistoso en junio pasado con los abogados de Echániz y Galarza en el que se establece una indemnización de casi 1.000 millones de bolívares (casi 350.000 euros) para los dos etarras y sus familiares por los supuestos "daños morales y perjuicios" causados por lo que considera una deportación "ilegal y arbitraria". De momento no han recibido la indemnización, a pesar de que se ha cumplido el plazo de "90 días y 70 días de prórroga" establecido, pero uno de sus abogados consultado por Europa Press confió en que se resuelva "pronto" ya que sus interlocutores en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela "le han hecho saber" que el acuerdo se publicará "pronto" en la Gaceta Oficial (el BOE venezolano).
El acuerdo establece también que el Gobierno de Venezuela reconoce la presencia en su territorio de varios "asilados políticos vascos" que llegaron en los ochenta con motivo de los acuerdos alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Además, se compromete a "dar facilidades" para que "asilados vascos" puedan obtener nacionalidad venezolana "cuando reúnan las condiciones" recogidas por la ley. Además, establece que el Gobierno de Caracas hará gestiones ante las autoridades españolas para que Sebastián Echániz cumpla su condena en "una prisión cerca de su lugar de origen", y se compromete ante futuras detenciones de presuntos etarras a no volver a utilizar el mecanismo de expulsión inmediata empleado en el caso de Echániz y Galarza, y optar por el proceso de extradición.