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El Gobierno de Brasil intenta evitar que las denuncias de corrupción afecten a Lula

El Gobierno brasileño ha aclarado que las denuncias de corrupción, que ya le han costado el cargo a un alto funcionario de la Presidencia, se refieren a hechos ocurridos antes de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera su mandato. "Los hechos denunciados ocurrieron en 2002, antes de que el actual gobierno asumiera, y en el estado de Río de Janeiro. El actual gobierno no ha sido acusado de ninguna irregularidad", declaró el ministro de la Casa Civil, José Dirceu.

L D (Agencias) Tras asistir a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el ministro Dirceu hizo estas declaraciones para intentar evitar que las denuncias de corrupción, que también le afectan a él mismo, lleguen a salpicar al presidente de la República.

Sectores de la oposición brasileña han pedido la renuncia de Dirceu por haber sido quien llevó a trabajar a la Presidencia al funcionario que fue destituido el viernes tras desvelarse el presunto caso de corrupción.
 
Según el semanario "Epoca", que reveló el hecho, la mafia de la lotería ilegal en Río de Janeiro dio dinero a alguien del Partido de los Trabajadores (PT) a cambio de favores. El dinero habría sido utilizado al menos por un candidato del PT y el recaudador fue Waldomiro Diniz, que dirigía la lotería estatal de Río de Janeiro en el momento de los hechos. Con la llegada de Lula al poder, Diniz fue subjefe de Asuntos Parlamentarios de la Presidencia, hasta ser destituido el viernes.

"El actual gobierno reaccionó inmediatamente, destituyó al funcionario acusado y ordenó que la policía realice la respectiva investigación", afirmó Dirceu en una breve declaración. El ministro dijo igualmente que la acusación también están siendo investigada por la Procuraduría y que al Gobierno tan sólo le resta esperar el resultado de las averiguaciones. "Cualquier otra iniciativa debe ser tomada por la Procuraduría, la Policía o el Parlamento", concluyó el ministro.

Dirceu se pronunció sobre el asunto en medio de una campaña lanzada por la oposición para obligar al Congreso a crear una comisión especial para investigar la denuncia, informa Efe .

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