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El Gobierno de Bolivia anuncia que practicará auditorías a todas las compañías petroleras

Varios organismos de Gobierno de Bolivia han confirmado que todas las compañías petroleras extranjeras que operan en el país serán sometidas a un proceso de auditoria. Las autoridades también anunciaron que se comenzará a aplicar la subida tributaria establecida en la reforma petrolera aprobada recientemente en el país. El Gobierno boliviano ha girado instrucciones a los ministerios de Hidrocarburos, de Gobierno y de Defensa "a coordinar tareas y acciones con la finalidad de garantizar el dominio del Estado en los yacimientos de hidrocarburos".

LD (EFE) El ministro de la Presidencia de Bolivia, Iván Avilés, ha leído un breve comunicado en el Palacio de Gobierno de La Paz, por el que se presentan los decretos que contienen los reglamentos de la Ley de Hidrocarburos promulgada el pasado 17 de mayo.
 
La reglamentación impone la realización de "auditorías por parte de la Contraloría General en las áreas financieras, operativa, jurídica y técnica a las empresas petroleras emergentes de la capitalización", un proceso de privatización parcial de las firmas estatales que atrajo a la inversión extranjera la década pasada.
 
Desde 1996, el Estado boliviano suscribió 72 contratos de riesgo compartido con compañías multinacionales, como Repsol YPF, Petrobras, TotalFinaElf y British Petroleum, que permitieron el hallazgo de enormes reservas de gas natural, las segundas en tamaño de Sudamérica por detrás de Venezuela.
 
Los decretos, aprobados después de una reunión del gabinete ministerial, derivarán en el "fortalecimiento" de la firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos "a fin de que participe de todas las actividades petroleras", y en la creación de un Centro Nacional de Medición y Control de la Producción y Transporte.
 
Asimismo, el Gobierno ordenó al Servicio de Impuestos Nacionales la aplicación del régimen impositivo acordado en la ley, que mantiene la regalía o pago fijo por explotación del 18 por ciento y que fija un nuevo tributo del 32 por ciento, desde el día en que se promulgó la norma. Esos decretos reglamentarios "permitirán asegurar ingresos del cincuenta por ciento señalados en el referéndum".

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