L D (EFE) El ministro de Interior, David Blunkett, ha publicado un borrador en el que se manifiesta a favor de que los actuales poderes del Gobierno contra extranjeros sospechosos de terrorismo afecten también a sospechosos británicos.
Los jueces y abogados que participen en los juicios contra acusados de terrorismo serían investigados por los servicios secretos y los sospechosos podrían ser acusados de cargos "preventivos", según ese borrador.
De ser aprobadas antes de 2006, como pretende Blunkett, esas leyes otorgarían al Gobierno británico más poderes que los que tuvo en la década de 1970, en plena campaña de atentados del Ejército Republicano Irlandés (IRA). Según el Gobierno, la intención es evitar futuros atentados y también proteger a los servicios de inteligencia como el MI5 o el MI6, por lo que no se comunicarían algunas pruebas a los abogados de los defendidos.
"Tenemos que hacer que la prevención suponga algo nuevo, es decir, intervenir antes de que sea cometido el acto, más que hacerlo después de que haya sido cometido y sea demasiado tarde", dijo Blunkett en declaraciones a la BBC. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, el Gobierno británico promulgó la Ley contra el Terrorismo, el Delito y la Seguridad, que le permite llevar a cabo detenciones indefinidas de ciudadanos extranjeros.
El Ejecutivo argumenta que esos detenidos bajo la legislación antiterrorista británica pueden elegir abogado, tienen derecho a apelar y, si algún país los acepta, pueden marcharse del Reino Unido. Pero las organizaciones defensoras de los derechos civiles alegan que sus abogados no tienen acceso a las pruebas contra sus defendidos por aludir a la seguridad nacional y, hasta ahora, todas las apelaciones presentadas han fracasado en el tribunal que lleva esos casos.
Amnistía Internacional ha declarado que las actuales leyes antiterroristas ya han creado "un Guantánamo a pequeña escala en el Reino Unido", en referencia a la base en suelo cubano donde EEUU tiene retenidos a más de 600 supuestos terroristas extranjeros. "Hay que combatir cualquier intención de extender esas medidas a los ciudadanos británicos", señaló Amnistía Internacional.
La propuesta también ha sido criticada por conocidos abogados, como la baronesa Helena Kennedy, que calificó a Blunkett de "autoritario sin vergüenza". La laborista Kennedy, una de las abogadas más conocidas del Reino Unido, dijo que "es como si David Blunkett hubiera tomado lecciones de jurisprudencia de Robert Mugabe", el presidente de Zimbabue, y auguró que estas leyes nunca llegarán a ser una realidad.
El grupo de derechos humanos Liberty también censuró la propuesta del Gobierno, que Blunkett espera poner en marcha antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2006. "Aprobar más leyes, más poderes y castigos más fuertes sólo servirá para minar la Justicia británica, pero no hará que nuestro país sea más seguro", apuntó Mark Littlewood, de la asociación Liberty.
Los jueces y abogados que participen en los juicios contra acusados de terrorismo serían investigados por los servicios secretos y los sospechosos podrían ser acusados de cargos "preventivos", según ese borrador.
De ser aprobadas antes de 2006, como pretende Blunkett, esas leyes otorgarían al Gobierno británico más poderes que los que tuvo en la década de 1970, en plena campaña de atentados del Ejército Republicano Irlandés (IRA). Según el Gobierno, la intención es evitar futuros atentados y también proteger a los servicios de inteligencia como el MI5 o el MI6, por lo que no se comunicarían algunas pruebas a los abogados de los defendidos.
"Tenemos que hacer que la prevención suponga algo nuevo, es decir, intervenir antes de que sea cometido el acto, más que hacerlo después de que haya sido cometido y sea demasiado tarde", dijo Blunkett en declaraciones a la BBC. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, el Gobierno británico promulgó la Ley contra el Terrorismo, el Delito y la Seguridad, que le permite llevar a cabo detenciones indefinidas de ciudadanos extranjeros.
El Ejecutivo argumenta que esos detenidos bajo la legislación antiterrorista británica pueden elegir abogado, tienen derecho a apelar y, si algún país los acepta, pueden marcharse del Reino Unido. Pero las organizaciones defensoras de los derechos civiles alegan que sus abogados no tienen acceso a las pruebas contra sus defendidos por aludir a la seguridad nacional y, hasta ahora, todas las apelaciones presentadas han fracasado en el tribunal que lleva esos casos.
Amnistía Internacional ha declarado que las actuales leyes antiterroristas ya han creado "un Guantánamo a pequeña escala en el Reino Unido", en referencia a la base en suelo cubano donde EEUU tiene retenidos a más de 600 supuestos terroristas extranjeros. "Hay que combatir cualquier intención de extender esas medidas a los ciudadanos británicos", señaló Amnistía Internacional.
La propuesta también ha sido criticada por conocidos abogados, como la baronesa Helena Kennedy, que calificó a Blunkett de "autoritario sin vergüenza". La laborista Kennedy, una de las abogadas más conocidas del Reino Unido, dijo que "es como si David Blunkett hubiera tomado lecciones de jurisprudencia de Robert Mugabe", el presidente de Zimbabue, y auguró que estas leyes nunca llegarán a ser una realidad.
El grupo de derechos humanos Liberty también censuró la propuesta del Gobierno, que Blunkett espera poner en marcha antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2006. "Aprobar más leyes, más poderes y castigos más fuertes sólo servirá para minar la Justicia británica, pero no hará que nuestro país sea más seguro", apuntó Mark Littlewood, de la asociación Liberty.