L D (EFE) La denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, ante el Congreso, que deberá someter al ex gobernante a un "antejuicio" para determinar si procede su procesamiento en los tribunales. Fujimori fue acusado del delito de homicidio calificado de Eduardo Cruz Sánchez, Herma Luz Meléndez y Víctor Peceros Pedraza, integrantes del grupo de 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que permaneció durante cuatro meses en la residencia del embajador japonés.
Según los testimonios recogidos por el Ministerio Público, los tres secuestradores fueron ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en la operación de rescate "Chavín de Huántar". La Fiscalía precisó que los terroristas fueron asesinados "en circunstancias en que se encontraban rendidos, vulnerando así tratados internacionales que condenan la tortura y de los que Perú forma parte". Agregó que se ha determinado que Fujimori "no era ajeno a estos acontecimientos" y que conocía los detalles de la operación, cuya cadena de mando dirigió.
Entre los testimonios considerados por la Fiscalía aparece el del diplomático japonés Hidetaka Ogura, uno de los rehenes del MRTA, quien afirmó haber visto vivos a los tres "emerretistas". "Durante la investigación se detectó que la orden para ejecutar a los emerretistas provino de manera expresa del mismo Fujimori, pues durante la planificación del rescate, en cuya elaboración y ensayos participó el ex jefe de Estado, no se consignó en ningún momento la (orden de) captura de algún emerretista", precisó la Fiscalía.
Agregó que "la muerte de todos los subversivos mediante el tiro de remate fue dispuesta por el prófugo ex mandatario, lo que queda evidenciado mediante las acciones posteriores al rescate de los rehenes, que tuvieron como fin desaparecer cualquier prueba, como el entierro clandestino de los cuerpos".
Fujimori permanece desde noviembre de 2000 en Japón, amparado por su nacionalidad japonesa de origen, mientras las autoridades peruanas solicitan su extradición para que responda por diversos delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. El ex mandatario está acusado de haber conocido y aprobado las matanzas de 15 personas en una quinta de Barrios Altos, en 1991, y de nueve alumnos y un profesor de la universidad limeña La Cantuta, en 1992, cometidos por el grupo paramilitar "Colina". Fujimori ha dicho que no se tiene ninguna prueba en su contra, aunque las autoridades judiciales peruanas afirman que existen testimonios y documentos que confirman que el ex gobernante conoció y aprobó las acciones del grupo "Colina".
Según los testimonios recogidos por el Ministerio Público, los tres secuestradores fueron ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad que participaron en la operación de rescate "Chavín de Huántar". La Fiscalía precisó que los terroristas fueron asesinados "en circunstancias en que se encontraban rendidos, vulnerando así tratados internacionales que condenan la tortura y de los que Perú forma parte". Agregó que se ha determinado que Fujimori "no era ajeno a estos acontecimientos" y que conocía los detalles de la operación, cuya cadena de mando dirigió.
Entre los testimonios considerados por la Fiscalía aparece el del diplomático japonés Hidetaka Ogura, uno de los rehenes del MRTA, quien afirmó haber visto vivos a los tres "emerretistas". "Durante la investigación se detectó que la orden para ejecutar a los emerretistas provino de manera expresa del mismo Fujimori, pues durante la planificación del rescate, en cuya elaboración y ensayos participó el ex jefe de Estado, no se consignó en ningún momento la (orden de) captura de algún emerretista", precisó la Fiscalía.
Agregó que "la muerte de todos los subversivos mediante el tiro de remate fue dispuesta por el prófugo ex mandatario, lo que queda evidenciado mediante las acciones posteriores al rescate de los rehenes, que tuvieron como fin desaparecer cualquier prueba, como el entierro clandestino de los cuerpos".
Fujimori permanece desde noviembre de 2000 en Japón, amparado por su nacionalidad japonesa de origen, mientras las autoridades peruanas solicitan su extradición para que responda por diversos delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. El ex mandatario está acusado de haber conocido y aprobado las matanzas de 15 personas en una quinta de Barrios Altos, en 1991, y de nueve alumnos y un profesor de la universidad limeña La Cantuta, en 1992, cometidos por el grupo paramilitar "Colina". Fujimori ha dicho que no se tiene ninguna prueba en su contra, aunque las autoridades judiciales peruanas afirman que existen testimonios y documentos que confirman que el ex gobernante conoció y aprobó las acciones del grupo "Colina".