L D (EFE) Los investigadores decidieron extender sus trabajos a otros ministerios después de analizar las grabaciones de conversaciones telefónicas hechas legalmente a los acusados de los desvíos de recursos en el Ministerio de Salud que están presos. En una de las conversaciones, un empresario implicado conversa sobre una licitación del Ejército para la adquisición de uniformes con un coronel de esa fuerza. Los intermediarios en las licitaciones también conversaron sobre concursos públicos en los otros organismos.
Entre los funcionarios que ya han perdido el cargo por su presunta vinculación a la red de corrupción figuran dos altos asesores del ministro de Salud, Humberto Costa. Pese a ello, Costa, ex diputado y uno de los principales líderes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el estado de Pernambuco, ha sido defendido por el presidente de Brasil, el socialista Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el Gobierno, el propio Costa fue el que pidió a la Policía Federal el año pasado que investigara las sospechas de irregularidades en las licitaciones de su Ministerio para la adquisición de medicinas. El departamento ministerial ha abierto 27 procesos administrativos contra 104 funcionarios sospechosos de promover fraudes en las licitaciones realizadas desde enero de 2003, cuando Lula asumió la Presidencia.
Entre los funcionarios que ya han perdido el cargo por su presunta vinculación a la red de corrupción figuran dos altos asesores del ministro de Salud, Humberto Costa. Pese a ello, Costa, ex diputado y uno de los principales líderes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en el estado de Pernambuco, ha sido defendido por el presidente de Brasil, el socialista Luiz Inácio Lula da Silva.
Según el Gobierno, el propio Costa fue el que pidió a la Policía Federal el año pasado que investigara las sospechas de irregularidades en las licitaciones de su Ministerio para la adquisición de medicinas. El departamento ministerial ha abierto 27 procesos administrativos contra 104 funcionarios sospechosos de promover fraudes en las licitaciones realizadas desde enero de 2003, cuando Lula asumió la Presidencia.