LD (EFE) El Consejo insta en su resolución a los países miembros a promulgar leyes para asegurar la persecución penal de los actos de violencia contra los trabajadores humanitarios y para que los responsables sean llevados ante la justicia. El secretario general de la ONU, Kofi Annan, participó en la reunión antes de la votación y urgió a los miembros del Consejo a votar de forma afirmativa la resolución. "No puede haber impunidad para aquellos que comenten estos crímenes imperdonables, por lo que debemos actuar", señaló Annan, una semana después del brutal atentado contra la sede de la ONU en Bagdad.
Después de horas de negociaciones, el texto de la resolución fue modificado para llegar a un consenso y los 15 miembros del Consejo de Seguridad la aprobaron unánimemente. Tras la presión de EEUU, el único miembro del Consejo de Seguridad que tenía objeciones sobre el texto inicial, el texto de la resolución adoptada no hace referencia al Tribunal Penal Internacional, órgano judicial al que Washington se ha opuesto firmemente desde su creación. Pese a que votó de forma afirmativa, el embajador de EEUU, John Negroponte, anotó que "no hay obligaciones internacionales legales" que obliguen a los estados a perseguir estos crímenes y que las acciones a tomar deberán ser supeditadas al ambiente de conflicto en que se produzcan.
Por su parte, el embajador de México, Adolfo Aguilar Zinser, señaló que el que no aparezca mencionado el TPI no quiere decir que su país, así como las otras naciones que la han copatrocinado (Francia, Alemania, Rusia, Bulgaria y Siria) hayan hecho concesiones. "Yo les llamaría decisiones difíciles que uno tiene que tomar en un proceso de negociación para llegar a un consenso, que era necesario para una resolución de este tipo", aclaró. Añadió que la referencia al TPI era relativa a la definición de "crimen de guerra" para los ataques contra el personal humanitario que trabaja en zonas de conflicto y que fue el motivo por el que se incluyó desde un principio.
En la resolución, sin embargo, se declara que los ataques intencionados contra el personal humanitario y las misiones de paz en situaciones de conflictos armados y de acuerdo a la Carta de la ONU "constituyen un crimen de guerra" y deben ser perseguidos de acuerdo "al derecho internacional". El diplomático mexicano subrayó que la decisión de omitir el TPI no menoscaba la dimensión universal que tiene este órgano judicial y que el lenguaje utilizado es consistente con el Estatuto de Roma por el que se creó este tribunal. Concluyó que ha sido una victoria para todos, ya que el objetivo era que "la resolución expresara en términos inequívocos y claros que cualquier acto de violencia contra los trabajadores humanitarios constituye un crimen de guerra".
Después de horas de negociaciones, el texto de la resolución fue modificado para llegar a un consenso y los 15 miembros del Consejo de Seguridad la aprobaron unánimemente. Tras la presión de EEUU, el único miembro del Consejo de Seguridad que tenía objeciones sobre el texto inicial, el texto de la resolución adoptada no hace referencia al Tribunal Penal Internacional, órgano judicial al que Washington se ha opuesto firmemente desde su creación. Pese a que votó de forma afirmativa, el embajador de EEUU, John Negroponte, anotó que "no hay obligaciones internacionales legales" que obliguen a los estados a perseguir estos crímenes y que las acciones a tomar deberán ser supeditadas al ambiente de conflicto en que se produzcan.
Por su parte, el embajador de México, Adolfo Aguilar Zinser, señaló que el que no aparezca mencionado el TPI no quiere decir que su país, así como las otras naciones que la han copatrocinado (Francia, Alemania, Rusia, Bulgaria y Siria) hayan hecho concesiones. "Yo les llamaría decisiones difíciles que uno tiene que tomar en un proceso de negociación para llegar a un consenso, que era necesario para una resolución de este tipo", aclaró. Añadió que la referencia al TPI era relativa a la definición de "crimen de guerra" para los ataques contra el personal humanitario que trabaja en zonas de conflicto y que fue el motivo por el que se incluyó desde un principio.
En la resolución, sin embargo, se declara que los ataques intencionados contra el personal humanitario y las misiones de paz en situaciones de conflictos armados y de acuerdo a la Carta de la ONU "constituyen un crimen de guerra" y deben ser perseguidos de acuerdo "al derecho internacional". El diplomático mexicano subrayó que la decisión de omitir el TPI no menoscaba la dimensión universal que tiene este órgano judicial y que el lenguaje utilizado es consistente con el Estatuto de Roma por el que se creó este tribunal. Concluyó que ha sido una victoria para todos, ya que el objetivo era que "la resolución expresara en términos inequívocos y claros que cualquier acto de violencia contra los trabajadores humanitarios constituye un crimen de guerra".