LD (Agencias) En EEUU no existen suficientes controles para evitar que algún terrorista adquiera armas de asalto y explosivos, señala un informe del Congreso, pero aún así ciertos grupos se oponen a la aprobación de normas más estrictas. "Los terroristas extranjeros podrían aprovechar la disponibilidad general de armas de fuego, munición y, en algunos casos, explosivos en territorio estadounidenses a través de medios legales o ilegales, y probablemente ya lo han hecho en algunos casos", afirma el texto, realizado por el Servicio de Investigación del Congreso.
El estudio añade que entre las armas que podrían caer en manos peligrosas se encuentran algunas lo suficientemente potentes para derribar aviones que vuelan a baja altitud o hacer explotar depósitos de combustible. Cualquier persona que haya estado en EEUU legalmente durante noventa días puede adquirir un arma, lo que habría incluido a los secuestradores de las aeronaves que se estrellaron el 11 septiembre de 2001 en los mayores atentados de la historia.
La ley obliga a comprobar el historial de cualquier comprador, pero el sistema actual no busca el nombre en las listas de sospechosos de terrorismo, según el senador demócrata Frank Lautenberg (Nueva Jersey), que encargó el trabajo. No obstante, las propuestas para aumentar los controles a la venta y posesión de armas se enfrentan a grandes dificultades en EEUU por la oposición de fuertes grupos privados, el más notable de los cuales es la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA). Además, sus argumentos son escuchados en el Gobierno. Como reacción a los atentados de 2001, el Departamento de Justicia ha restringido los derechos de los inmigrantes y ha aumentado el poder de la policía federal para realizar registros -incluso sin orden judicial- y escuchas telefónicas.
Sin embargo, no ha tomado ninguna medida para controlar la posesión de armas, a pesar de que un manual de Al-Qaeda conseguido por las fuerzas estadounidenses en Afganistán recomendaba a sus agentes adquirir armas y entrenarse en EEUU. De hecho, el secretario de Justicia, John Ashcroft, un defensor del derecho a poseer armas, prohibió a la policía federal investigar si existían documentos de compra de armas por parte de los sospechosos de perpetrar los atentados. El funcionario también está a favor de destruir los justificantes de su compra de arma inmediatamente después de su adquisición.
"Después del 11-9, los estadounidenses esperaron en largas filas en los aeropuertos para dejar sus corta-uñas, mientras que el Gobierno de Bush no ha hecho nada para prevenir que los terroristas adquieran armas y explosivos de tipo militar", dijo Lautenberg, que ha propuesto leyes para aumentar la seguridad cuando se vende un arma. No obstante, la próxima norma que el Senado debatirá en este campo, probablemente en junio, será una ley para proteger a los fabricantes de armas contra posibles demandas por las víctimas y daños que causan sus productos.
El estudio añade que entre las armas que podrían caer en manos peligrosas se encuentran algunas lo suficientemente potentes para derribar aviones que vuelan a baja altitud o hacer explotar depósitos de combustible. Cualquier persona que haya estado en EEUU legalmente durante noventa días puede adquirir un arma, lo que habría incluido a los secuestradores de las aeronaves que se estrellaron el 11 septiembre de 2001 en los mayores atentados de la historia.
La ley obliga a comprobar el historial de cualquier comprador, pero el sistema actual no busca el nombre en las listas de sospechosos de terrorismo, según el senador demócrata Frank Lautenberg (Nueva Jersey), que encargó el trabajo. No obstante, las propuestas para aumentar los controles a la venta y posesión de armas se enfrentan a grandes dificultades en EEUU por la oposición de fuertes grupos privados, el más notable de los cuales es la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA). Además, sus argumentos son escuchados en el Gobierno. Como reacción a los atentados de 2001, el Departamento de Justicia ha restringido los derechos de los inmigrantes y ha aumentado el poder de la policía federal para realizar registros -incluso sin orden judicial- y escuchas telefónicas.
Sin embargo, no ha tomado ninguna medida para controlar la posesión de armas, a pesar de que un manual de Al-Qaeda conseguido por las fuerzas estadounidenses en Afganistán recomendaba a sus agentes adquirir armas y entrenarse en EEUU. De hecho, el secretario de Justicia, John Ashcroft, un defensor del derecho a poseer armas, prohibió a la policía federal investigar si existían documentos de compra de armas por parte de los sospechosos de perpetrar los atentados. El funcionario también está a favor de destruir los justificantes de su compra de arma inmediatamente después de su adquisición.
"Después del 11-9, los estadounidenses esperaron en largas filas en los aeropuertos para dejar sus corta-uñas, mientras que el Gobierno de Bush no ha hecho nada para prevenir que los terroristas adquieran armas y explosivos de tipo militar", dijo Lautenberg, que ha propuesto leyes para aumentar la seguridad cuando se vende un arma. No obstante, la próxima norma que el Senado debatirá en este campo, probablemente en junio, será una ley para proteger a los fabricantes de armas contra posibles demandas por las víctimas y daños que causan sus productos.