LD (Agencias) La Convención sobre el futuro de Europa publicó este lunes, la primera parte del nuevo proyecto de Tratado constitucional europeo tal y como ha quedado enmendado tras los debates del plenario y los trabajos del "presidium" que asiste al presidente Valery Giscard D'Estaing. Según el borrador, la palabra "federal", que figuraba en el artículo primero del anterior proyecto, ha desaparecido y en su lugar el nuevo texto se limita a describir como "comunitario" el método propio de la futura Unión, después de que el Reino Unido hiciera saber que no podría aceptar el objetivo federal. Además, el texto señala que la UE se inspira en la voluntad común de "los ciudadanos y los estados" de Europa, y no de sus "pueblos y estados" como se decía en la primera versión, publicada en abril. Así, el nuevo artículo primero afirma que "Inspirada por la voluntad de los ciudadanos y los Estados de Europa de construir su futuro común, esta Constitución establece la Unión Europea, a la cual los Estados miembros confieren competencias para alcanzar sus objetivos comunes".
En un nuevo artículo quinto, el proyecto afirma que la Unión "respeta la identidad de sus estados miembros, inherente a sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales, incluido lo que respecta a la autonomía local y regional". Y añade: "(La Unión) respeta las funciones esenciales del estado, especialmente aquellas encaminadas a asegurar la integridad territorial del Estado, a mantener el orden público y a salvaguardar la seguridad interior". Esto supone que Bruselas no podrá inmiscuirse en un eventual proceso de «secesión» de una región o comunidad autónoma de un país miembro. Anteriormente, según explican fuentes de la Convención, el principio que garantiza la integridad territorial de los Estados miembros se citaba, implícitamente o no, en varios artículos. Pero ahora al quedar inscrita en un sólo artículo «se le da mayor visibilidad», explican.
El texto presentado incluye los primeros 59 artículos de la futura Constitución, o tratado constitucional, así como dos protocolos relativos al principio de subsidiariedad y al papel de los parlamentos nacionales. No contiene, sin embargo, ninguna novedad en el título IV, dedicado a la arquitectura institucional de la UE, debido a las fuertes discrepancias surgidas en el seno del mismo "presidium". El intento de modificar en particular el sistema de voto en el Consejo de ministros y el número de comisarios acordados en el Tratado de Niza ha topado con la oposición de España y una serie de países "pequeños". El portavoz de la Convención, Nikolaus Meyer-Landrut, aclaró que las cuestiones institucionales relacionadas con Niza volverán a ser tratadas a principios de junio. Por otra parte, el borrador ha aumentado las referencias sociales en su articulado. Entre los valores fundamentales de la UE recogidos en el Artículo 2, se incluyen ahora la "igualdad" y la "no discriminación". La igualdad, aclaró el portavoz, "es general y debe entenderse en un sentido amplio y por supuesto entre hombres y mujeres". El nuevo texto del Artículo 2 dice que "la Unión se funda en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos".
Nuevo sistema de toma de decisiones
El borrador de Constitución europea, que los jefes de Estado y de Gobierno de los Quince deben refrendar este otoño, supone una auténtica revolución respecto a la forma de tomar las decisiones dentro de la Unión Europea, con un importante aumento de las materias que escaparán del poder de veto de los Estados miembros como los Fondos Estructurales, la agricultura o la política social y un incremento sustancial del peso de la Eurocámara en el proceso decisional.
Si sale adelante este texto, destinado a regir la vida de los 450 millones de ciudadanos de la Europa ampliada, se producirá una extensión del voto por mayoría cualificada en casi todos los temas, salvo una serie de excepciones especificadas. Según la Convención, sería imposible avanzar con 25 países con el esquema actual. Este objetivo ya fue fijado por la Comisión Europea durante la redacción del Tratado de Niza, pero las discrepancias entre los Estados miembros dieron al traste con este ambicioso objetivo que hará más fácil incrementar el ordenamiento jurídico comunitario. En este caso, se mantendrá el derecho al veto (al requerir la unanimidad de los Estados miembros) en las cuestiones fiscales, seguridad social y protección social, ciertas medidas medioambientales, la lucha contra las discriminaciones, las elecciones municipales y europeas y en justicia e interior aspectos del derecho de familia.
La política exterior, hasta ahora un reducto en manos exclusivamente de los Gobiernos que ponía a menudo en una difícil situación al alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, también mantendrá el principio de unanimidad. Sin embargo, podrán tomarse decisiones por mayoría cualificada si se trata de una iniciativa conjunta del futuro ministro de Asuntos Exteriores y de la Comisión. En materia de Justicia e Interior, contrariamente a la situación actual pasan a someterse al "proceso legislativo normal", es decir, la actual codecisión que implica la necesidad de un voto del Parlamento Europeo, aspectos de la vida diaria europea como la colaboración judicial de Eurojust o policial en Europol.
En un nuevo artículo quinto, el proyecto afirma que la Unión "respeta la identidad de sus estados miembros, inherente a sus estructuras fundamentales políticas y constitucionales, incluido lo que respecta a la autonomía local y regional". Y añade: "(La Unión) respeta las funciones esenciales del estado, especialmente aquellas encaminadas a asegurar la integridad territorial del Estado, a mantener el orden público y a salvaguardar la seguridad interior". Esto supone que Bruselas no podrá inmiscuirse en un eventual proceso de «secesión» de una región o comunidad autónoma de un país miembro. Anteriormente, según explican fuentes de la Convención, el principio que garantiza la integridad territorial de los Estados miembros se citaba, implícitamente o no, en varios artículos. Pero ahora al quedar inscrita en un sólo artículo «se le da mayor visibilidad», explican.
El texto presentado incluye los primeros 59 artículos de la futura Constitución, o tratado constitucional, así como dos protocolos relativos al principio de subsidiariedad y al papel de los parlamentos nacionales. No contiene, sin embargo, ninguna novedad en el título IV, dedicado a la arquitectura institucional de la UE, debido a las fuertes discrepancias surgidas en el seno del mismo "presidium". El intento de modificar en particular el sistema de voto en el Consejo de ministros y el número de comisarios acordados en el Tratado de Niza ha topado con la oposición de España y una serie de países "pequeños". El portavoz de la Convención, Nikolaus Meyer-Landrut, aclaró que las cuestiones institucionales relacionadas con Niza volverán a ser tratadas a principios de junio. Por otra parte, el borrador ha aumentado las referencias sociales en su articulado. Entre los valores fundamentales de la UE recogidos en el Artículo 2, se incluyen ahora la "igualdad" y la "no discriminación". La igualdad, aclaró el portavoz, "es general y debe entenderse en un sentido amplio y por supuesto entre hombres y mujeres". El nuevo texto del Artículo 2 dice que "la Unión se funda en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos".
Nuevo sistema de toma de decisiones
El borrador de Constitución europea, que los jefes de Estado y de Gobierno de los Quince deben refrendar este otoño, supone una auténtica revolución respecto a la forma de tomar las decisiones dentro de la Unión Europea, con un importante aumento de las materias que escaparán del poder de veto de los Estados miembros como los Fondos Estructurales, la agricultura o la política social y un incremento sustancial del peso de la Eurocámara en el proceso decisional.
Si sale adelante este texto, destinado a regir la vida de los 450 millones de ciudadanos de la Europa ampliada, se producirá una extensión del voto por mayoría cualificada en casi todos los temas, salvo una serie de excepciones especificadas. Según la Convención, sería imposible avanzar con 25 países con el esquema actual. Este objetivo ya fue fijado por la Comisión Europea durante la redacción del Tratado de Niza, pero las discrepancias entre los Estados miembros dieron al traste con este ambicioso objetivo que hará más fácil incrementar el ordenamiento jurídico comunitario. En este caso, se mantendrá el derecho al veto (al requerir la unanimidad de los Estados miembros) en las cuestiones fiscales, seguridad social y protección social, ciertas medidas medioambientales, la lucha contra las discriminaciones, las elecciones municipales y europeas y en justicia e interior aspectos del derecho de familia.
La política exterior, hasta ahora un reducto en manos exclusivamente de los Gobiernos que ponía a menudo en una difícil situación al alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, también mantendrá el principio de unanimidad. Sin embargo, podrán tomarse decisiones por mayoría cualificada si se trata de una iniciativa conjunta del futuro ministro de Asuntos Exteriores y de la Comisión. En materia de Justicia e Interior, contrariamente a la situación actual pasan a someterse al "proceso legislativo normal", es decir, la actual codecisión que implica la necesidad de un voto del Parlamento Europeo, aspectos de la vida diaria europea como la colaboración judicial de Eurojust o policial en Europol.