L D (Europa Press) El abogado venezolano Marino Alvarado confirmó este martes a Europa Press que el Gobierno de Hugo Chávez y los abogados de los dos etarras que fueron expulsados en el año 2002 llegaron a un "acuerdo amistoso" en junio pasado por el que se establece una indemnización de 350.000 euros para Sebastián Echániz Alcorta y Juan Victor Galarza y sus familiares, por "daños y perjuicios" causados por lo que considera una deportación "ilegal y arbitraria".
En conversación telefónica, Alvarado adelantó que de momento no han recibido la indemnización, a pesar de que se ha cumplido el plazo de "90 días y otros 70 días de prórroga" establecido, pero confió en que se resuelva "pronto" ya que sus interlocutores en el Ministerio de Asuntos Exteriores "le han hecho saber" que el acuerdo, refrendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en octubre pasado, se publicará "pronto" en la Gaceta Oficial (el BOE venezolano).
Según explicó el letrado, el acuerdo establece también que el Gobierno reconoce la presencia en su territorio de varios "asilados políticos vascos" que llegaron en los años ochenta con motivo de los acuerdos alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Además, se compromete a "dar facilidades" para que los "asilados vascos" puedan obtener la carta de naturaleza y la nacionalidad venezolana "cuando reúnan las condiciones" recogidas por la ley.
Sobre si las autoridades venezolanas han concedido ya la nacionalidad a algún otro etarra residente en el país sudamericano -en referencia a Miguel Ángel Aldana, Eugenio Barrutiabengoa, Jesús Ricardo Urteaga y José Lorenzo Ayestarán-, el abogado aseguró que no tiene constancia de que así se haya producido. En el mismo sentido se han pronunciado fuentes del Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela consultadas por Europa Press.
Alvarado precisó que en el acuerdo amistoso también establece que Caracas hará gestiones ante las autoridades españolas para que Sebastián Echániz cumpla su condena en "una prisión cerca de su lugar de origen". Asimismo, se compromete ante futuras detenciones de presuntos etarras a no volver a utilizar el mecanismo de expulsión inmediata empleado en el caso de Echániz y Galarza, y optar por el proceso de extradición.