L D (Agencias) El presidente Alfredo Palacio ordenó a la fuerza pública, militares y policías, que controlen la seguridad en la zona y que acometan todas las medidas necesarias para restablecer la normalidad en la región, sometida a la paralización de actividades desde el pasado domingo. El 95 por ciento de los campos de producción de petróleo en Ecuador se encuentra en las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana, que junto a Morona Santiago y Zamora Chinchipe, forman la región amazónica del oriente ecuatoriano.
Pese a que de esas provincias sale la mayor riqueza del país, sus habitantes denuncian que no existen servicios básicos como alcantarillado, agua potable, infraestructura sanitaria, vialidad, educación y vivienda, según informa EFE. La protesta en Napo, a la que se podrían sumar desde la próxima semana otras provincias amazónicas, responde al incumplimiento por parte del Gobierno de la asignación de recursos que se había comprometido a entregar a esa jurisdicción hace varios meses para la construcción de una red vial, un aeropuerto y otras obras publicas.
El secretario de la Administración Pública, José Modesto Apolo, aseguró que la medida intenta proteger a la población de las acciones violentas de los manifestantes, así como prevenir hechos que puedan comprometer a la industria petrolera. El estado de excepción se declaró pocas horas después de que tres manifestantes resultaran heridos de bala, por disparos de militares, en una estación de bombeo de petróleo, en la localidad de Sardinas, que forma parte del sistema de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Decenas de manifestantes ocuparon esas instalaciones y obligaron a la firma OCP-Ecuador a suspender el funcionamiento de ese oleoducto, que transporta unos 160.000 barriles diarios de crudo.
El OCP es administrado por un consorcio integrado por la petrolera Encana (Canadá), Repsol-YPF (hispano-argentina), Petrobras (Brasil), Occidental (EEUU), Perenco (Francia) y Agyp (Italia).
La suspensión se ordenó después de que la empresa estatal Petroecuador anunciara la reanudación de sus exportaciones de crudo, tras reparar un oleoducto de su propiedad, por el que transporta unos 360.000 barriles diarios, que también sufrió averías por la acción de manifestantes que ocuparon la estación de bombeo de El Salado, cercana a la de Sardinas. El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), de Petroecuador, y el OCP, ambos de 503 kilómetros de longitud, corren de forma paralela desde los campos petrolíferos de la Amazonía hasta los puertos de embarque en el Océano Pacífico. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador y su venta financia casi el 40 por ciento del presupuesto del Estado.
"Palacio asesino" y "Queremos justicia" son algunas de las consignas que corean los manifestantes, dispuestos a afrontar las amenazas del Gobierno, que también anunció la posibilidad de llevar ante los tribunales a los dirigentes de la protesta.
Pese a que de esas provincias sale la mayor riqueza del país, sus habitantes denuncian que no existen servicios básicos como alcantarillado, agua potable, infraestructura sanitaria, vialidad, educación y vivienda, según informa EFE. La protesta en Napo, a la que se podrían sumar desde la próxima semana otras provincias amazónicas, responde al incumplimiento por parte del Gobierno de la asignación de recursos que se había comprometido a entregar a esa jurisdicción hace varios meses para la construcción de una red vial, un aeropuerto y otras obras publicas.
El secretario de la Administración Pública, José Modesto Apolo, aseguró que la medida intenta proteger a la población de las acciones violentas de los manifestantes, así como prevenir hechos que puedan comprometer a la industria petrolera. El estado de excepción se declaró pocas horas después de que tres manifestantes resultaran heridos de bala, por disparos de militares, en una estación de bombeo de petróleo, en la localidad de Sardinas, que forma parte del sistema de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Decenas de manifestantes ocuparon esas instalaciones y obligaron a la firma OCP-Ecuador a suspender el funcionamiento de ese oleoducto, que transporta unos 160.000 barriles diarios de crudo.
El OCP es administrado por un consorcio integrado por la petrolera Encana (Canadá), Repsol-YPF (hispano-argentina), Petrobras (Brasil), Occidental (EEUU), Perenco (Francia) y Agyp (Italia).
La suspensión se ordenó después de que la empresa estatal Petroecuador anunciara la reanudación de sus exportaciones de crudo, tras reparar un oleoducto de su propiedad, por el que transporta unos 360.000 barriles diarios, que también sufrió averías por la acción de manifestantes que ocuparon la estación de bombeo de El Salado, cercana a la de Sardinas. El Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), de Petroecuador, y el OCP, ambos de 503 kilómetros de longitud, corren de forma paralela desde los campos petrolíferos de la Amazonía hasta los puertos de embarque en el Océano Pacífico. El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador y su venta financia casi el 40 por ciento del presupuesto del Estado.
"Palacio asesino" y "Queremos justicia" son algunas de las consignas que corean los manifestantes, dispuestos a afrontar las amenazas del Gobierno, que también anunció la posibilidad de llevar ante los tribunales a los dirigentes de la protesta.