L D (Agencias) Las fuentes consultadas explicaron que durante la reunión que mantuvieron este en Caracas con el ministro de Defensa venezolano, almirante Orlando Maniglia, los representantes de la compañía aeronáutica española solicitaron a las autoridades iberoamericanas un plazo de prórroga de un mes antes de exponer la solución final al contrato tras el veto tecnológico norteamericano.
La empresa aeronáutica analizó tras la decisión de la Administración Bush la posibilidad de sustituir la tecnología estadounidense que poseen las aeronaves C-295 por equipos de otros países y consideró que esa modificación provocaría que la operación resultara poco rentable o "inviable" y que supondría prácticamente diseñar un nuevo modelo.
Concretamente, la compañía debería sustituir en las doce aeronaves que pretende vender a Venezuela –ocho de transporte militar y cuatro de patrulla marítima Persuader– diversos componentes de aviónica, radares o incluso el motor, fabricado por la firma norteamericana Honeywell. Las sustituciones elevarían en gran medida el precio de cada aparato y provocarían que el modelo en cuestión, el C-295, registrara modificaciones de diseño en las alas y en otros componentes, debido, entre otras cuestiones, a que un eventual cambio de motor supondría una modificación de la distribución de peso y potencia en la aeronave.
Tras la decisión de la Casa Blanca de rechazar la operación comercial, el presidente venezolano, Hugo Chávez, advirtió esta semana al Gobierno español de que necesita saber si "de una vez" va a vender las ocho patrulleras contratadas con Navantia por un importe total de 1.200 millones de euros.
Las palabras del mandatario iberoamericano fueron interpretadas en sectores industriales como una forma de presionar para que se cierre definitivamente la venta de los aviones, toda vez que los buques no precisan de la autorización de Washington y la operación está ya en fase avanzada con los trámites legales venezolanos cumplimentados.
Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press explicaron que el ministro de Defensa, José Bono, mantuvo una conversación telefónica el pasado miércoles con su homólogo venezolano, almirante Ramón Orlando Maniglia Ferreira, para hablar sobre la situación del contrato de venta de patrulleras y aviones. Ese mismo día el almirante conversó telefónicamente con otra autoridad española para abordar el mismo asunto.
El titular venezolano de Defensa aclaró a Bono que el contrato con Navantia para la compra de ocho patrulleras –cuatro de vigilancia oceánica y cuatro de litoral– continúa "adelante" y subrayó que ahora es necesario resolver el problema con el acuerdo para la compra de las aeronaves.
Según el informe "Contrato frustrado de Venezuela", editado por Estudios de Política Exterior, la sustitución de la tecnología de Estados Unidos por equipos asiáticos o europeos podría suponer un incremento del precio final de venta de entre doce y quince millones de euros, "lo suficiente para anular la rentabilidad del acuerdo". En dicho documento, se menciona la necesidad de sustituir equipos como "sensores para sistemas ópticos, radares y cámaras de alta tecnología" que poseen los aviones C-295.