L D (EFE) El diputado Ismael García dijo que todavía hay tiempo para la que sea la Asamblea la que, tal como lo exige la Constitución, haga los nombramientos y evite que el Supremo "invada" sus potestades. El 4 de agosto, el Supremo advirtió que si para el 14 de agosto la Asamblea no nombra a los cinco directivos titulares y los diez suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE), su Sala Constitucional lo hará de manera provisional.
García señaló que si el máximo tribunal del país da ese paso, abrirá una crisis institucional de consecuencias impredecibles, ya que esa actuación, a su entender, responde a los intereses de los opositores al presidente Hugo Chávez. Las declaraciones de García a los periodistas se produjeron luego de la entrevista que mantuvo con magistrados del Supremo a invitación de éstos.
A pesar de que el plazo dado por el Supremo a la Asamblea termina el 14 de agosto, los magistrados iniciaron conversaciones con diversos sectores políticos, sociales y económicos para conocer su percepción del problema y para que sugieran nombres de eventuales directivos del CNE. Portavoces del oficialismo han considerado "lamentable" la decisión del Supremo de dar por sentado el fracaso de la Asamblea y comenzar las consultas, sin esperar a que culmine el plazo que dio a los parlamentarios.
La polémica se centra actualmente entre la tesis de que el Supremo puede asumir responsabilidades de la Asamblea y la que sostiene que no es posible la superposición entre poderes del Estado. Portavoces del Movimiento V República (MVR), el partido de Chávez, aseguraron que si el Supremo interviene se producirá un "golpe de Estado institucional" y una "contundente reacción popular", similar a la que se registró tras el golpe de Estado de abril de 2002.
La oposición, por su parte, se ha inclinado por la intervención del Supremo, por entender que puede obtener ganancias que le están vedadas en la Asamblea, donde está en minoría frente al oficialismo. El vicepresidente del gobierno, José Vicente Rangel, rechazó pronunciarse sobre el caso porque ese es "un problema entre el poder Legislativo y el Judicial". Isaías Rodríguez, titular de la Fiscalía General, otro de los cinco poderes constitucionales que existen en Venezuela, dijo el 8 de agosto, que, en su opinión, la Constitución faculta al Tribunal Supremo para nombrar a la directiva del CNE.
La necesidad de elegir la directiva del CNE se plasmó el 29 de mayo en un acuerdo firmado por el gobierno y la oposición ante delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ONU, el Centro Carter y el Grupo de Amigos de Venezuela, formado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.
García señaló que si el máximo tribunal del país da ese paso, abrirá una crisis institucional de consecuencias impredecibles, ya que esa actuación, a su entender, responde a los intereses de los opositores al presidente Hugo Chávez. Las declaraciones de García a los periodistas se produjeron luego de la entrevista que mantuvo con magistrados del Supremo a invitación de éstos.
A pesar de que el plazo dado por el Supremo a la Asamblea termina el 14 de agosto, los magistrados iniciaron conversaciones con diversos sectores políticos, sociales y económicos para conocer su percepción del problema y para que sugieran nombres de eventuales directivos del CNE. Portavoces del oficialismo han considerado "lamentable" la decisión del Supremo de dar por sentado el fracaso de la Asamblea y comenzar las consultas, sin esperar a que culmine el plazo que dio a los parlamentarios.
La polémica se centra actualmente entre la tesis de que el Supremo puede asumir responsabilidades de la Asamblea y la que sostiene que no es posible la superposición entre poderes del Estado. Portavoces del Movimiento V República (MVR), el partido de Chávez, aseguraron que si el Supremo interviene se producirá un "golpe de Estado institucional" y una "contundente reacción popular", similar a la que se registró tras el golpe de Estado de abril de 2002.
La oposición, por su parte, se ha inclinado por la intervención del Supremo, por entender que puede obtener ganancias que le están vedadas en la Asamblea, donde está en minoría frente al oficialismo. El vicepresidente del gobierno, José Vicente Rangel, rechazó pronunciarse sobre el caso porque ese es "un problema entre el poder Legislativo y el Judicial". Isaías Rodríguez, titular de la Fiscalía General, otro de los cinco poderes constitucionales que existen en Venezuela, dijo el 8 de agosto, que, en su opinión, la Constitución faculta al Tribunal Supremo para nombrar a la directiva del CNE.
La necesidad de elegir la directiva del CNE se plasmó el 29 de mayo en un acuerdo firmado por el gobierno y la oposición ante delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la ONU, el Centro Carter y el Grupo de Amigos de Venezuela, formado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.