LD (EFE) Después de seis horas de debate, 126 de los 140 diputados integrantes del Congreso de Bolivia autorizaron que el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su gabinete ministerial enfrenten un "juicio de responsabilidades" por el supuesto delito de violación de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos durante las violentas manifestaciones de octubre pasado contra el proyecto para la exportación de gas natural a México y EEUU.
Sánchez de Lozada, quien se encuentra actualmente en EEUU -adonde huyó el 17 de octubre de 2003 tras renunciar de su cargo-, se convierte así en el primer presidente elegido democráticamente en Bolivia que es llamado a comparecer ante un tribunal. Concretamente, el ex mandatario se deberá presentar ante la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con sede en Sucre, capital constitucional del país.
Además de Sánchez de Lozada, deberán comparecer todos los ministros que integraban el Poder Ejecutivo boliviano en el momento de su dimisión, forzada por la movilización nacional que contra el proyecto gubernamental iniciaron partidos y organizaciones de izquierda. Las protestas se concentraron en la localidad de El Alto, aledaña a la ciudad de La Paz y donde existe un elevado índice de pobreza. Los acusados cometieron presuntamente estos crímenes en octubre del mismo año, cuando choques entre manifestantes y fuerzas del orden dejaron al menos 58 muertos.
La sesión parlamentaria que autorizó el juicio contra el gobierno de Sánchez de Lozada comenzó a mediodía de este miércoles con la lectura de un proyecto de resolución elaborado por la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial, en base a una decena de demandas de organizaciones sociales y sindicales, canalizadas hasta el Congreso por la Fiscalía General. En contra de la iniciativa fiscal, el informe del grupo de trabajo parlamentario sugirió solamente la inculpación del ex mandatario y de sus ministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y Gobierno (Interior), Yerko Kukoc. Sin embargo, los senadores y los diputados rechazaron el proyecto de la comisión legislativa, en una cerrada votación que sólo consiguió 103 de los 105 votos necesarios. En una segunda ronda, se aprobó después la proposición acusatoria que incluyó a todo el gabinete de ministros.