Diputados argentinos aprueba un juicio político para destituir a otro magistrado de la Corte Suprema

LD (Agencias) El juez que se sentará en el banquillo de los acusados es Eduardo Moliné O'Connor, dirigente de la asociación de tenis local y al que se le achaca, entre otros cargos, presunto mal desempeño de sus funciones y dictar sentencias contrarias a la ley. Los diputados aprobaron la acusación contra el juez del alto tribunal sobre el filo de la medianoche del miércoles por 139 votos, 19 en contra y cuatro abstenciones, tras extensas exposiciones de los distintos bloques parlamentarios que prolongaron la sesión durante casi siete horas.

El Senado, que actúa como juez de jueces, tendrá a su cargo el proceso contra el magistrado, que se desarrollará como cualquier juicio público, con tres diputados como fiscales y con la presencia del imputado y de sus abogados defensores. El proceso de juicio político se produce cuando el Ejecutivo y el Legislativo presionan a la Corte Suprema para que declare inconstitucionales las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que exoneraron a los responsables de los crímenes de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983.

El presidente de la Comisión de Juicio Político, el peronista Ricardo Falú, se tomó más de una hora para enumerar los cargos contra Moliné O'Connor, de quien dijo que su actuación en el máximo tribunal había causado un "enorme daño al país". Al togado encausado se le achaca haber firmado una sentencia que obligaba al Estado a pagar unos 400 millones de pesos (134 millones de dólares) a una empresa, pese a que dos organismos de control de gastos estatales habían impugnado la demanda de la compañía.

Esa demanda empresarial, que data de 1991, se relacionaba con un contrato firmado por la entonces interventora de la telefónica estatal María Julia Alsogaray, encarcelada hace dos días por presunto fraude a las arcas del Estado. También se le imputa a Moliné O'Connor haber frustrado una investigación judicial sobre un millonario contrabando de automóviles y de haber usurpado funciones del Consejo de la Magistratura al sancionar a un magistrado.