L D (EFE) Astiz se presentó en la sede de la Armada en Buenos Aires después de que la comandancia de esa fuerza convocase a trece ex jefes navales, cuya captura fue ordenada por el juez federal Sergio Torres. Su detención también había sido reclamada por otro juez argentino, Alcindo Álvarez Canale, que tramita una demanda de extradición de la Justicia francesa por la desaparición de dos monjas del país europeo durante la dictadura argentina. Pero como Torres libró la orden antes que su colega, su solicitud tiene prioridad sobre la del otro magistrado.
Considerado uno de los símbolos de la represión desatada por el régimen militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983, Astiz fue uno de los 40 represores que estuvieron en prisión hasta el pasado 1 de septiembre a petición del juez Baltasar Garzón. El magistrado Torres investiga lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, uno de los mayores centros ilegales de detención que funcionaron durante la dictadura, y en ese marco ordenó la detención de Astiz y de otros doce ex jefes navales.
Esa es una de las dos causas judiciales reabiertas en Argentina después de que el Parlamento argentino aprobase el pasado mes de agosto un proyecto que declara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas en la década de los años 80. Esas normas libran de responsabilidad a más de mil militares y miembros de las fuerzas de seguridad acusados de graves crímenes cometidos durante el último régimen de "facto".
Considerado uno de los símbolos de la represión desatada por el régimen militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983, Astiz fue uno de los 40 represores que estuvieron en prisión hasta el pasado 1 de septiembre a petición del juez Baltasar Garzón. El magistrado Torres investiga lo ocurrido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, uno de los mayores centros ilegales de detención que funcionaron durante la dictadura, y en ese marco ordenó la detención de Astiz y de otros doce ex jefes navales.
Esa es una de las dos causas judiciales reabiertas en Argentina después de que el Parlamento argentino aprobase el pasado mes de agosto un proyecto que declara la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dictadas en la década de los años 80. Esas normas libran de responsabilidad a más de mil militares y miembros de las fuerzas de seguridad acusados de graves crímenes cometidos durante el último régimen de "facto".