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Detienen a un ex funcionario argentino por el escándalo de la "mafia de medicamentos"

Roberto Loiácono, un ex funcionario del ministerio argentino de Salud, y su hijo fueron detenidos este lunes por orden de un juez federal que investiga una "mafia" para la venta de medicamentos caducados o adulterados.

El ex director nacional del Banco de Drogas Roberto Loiácono y su hijo Fernando, que permanecían prófugos desde la semana pasada, se entregaron este lunes a la justicia, precisaron los portavoces. Loiácono está acusado de la compra irregular de medicamentos a un laboratorio en el que su hijo era gerente y que estaba vinculado además a otros detenidos en la causa de la "mafia de los medicamentos", que ya suma al menos una decena de apresados.

Por esta causa están detenidos el poderoso dirigente gremial Juan José Zanola, y el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, quienes fueron arrestados en noviembre pasado junto a otras cinco personas, entre ellas la pareja del sindicalista. También fue apresado Alberto Costa, ex secretario de control sanitario de la provincia de Buenos Aires, quien ha sido imputado por el juez Norberto Oyarbide del delito de "asociación ilícita".

Zanola, líder del sindicato de empleados bancarios desde hace décadas, ha negado su responsabilidad en el tráfico de medicamentos vencidos o adulterados, y atribuyó los cargos en su contra a disputas internas en el gremio.

A comienzos de este mes el juez había ordenado decenas de registros en Buenos Aires y su periferia, donde se detuvo a diez personas y se les incautó medicamentos vencidos y troqueles falsos, además de documentación y unos 40 ordenadores.

La causa por la "mafia de los medicamentos" pone en tela de juicio a entidades médicas manejadas por sindicatos, acusadas de falsificar historiales clínicos y adulterar fármacos en el país. El caso estalló a comienzos de septiembre con la detención de Lorenzo, dueño de la distribuidora farmacéutica San Javier, y proveedor de medicamentos a numerosas obras sociales, quien fue apresado y después puesto en libertad bajo fianza. La empresa de Lorenzo abastece a mutualidades de otros sindicatos que están bajo investigación. En principio, a Lorenzo se le acusa de haber defraudado al Estado por una suma que puede ascender a los 600 millones de pesos (unos 155 millones de dólares).

El caso ha salpicado al Gobierno, ya que el juez Oyarbide reveló meses atrás que en la vivienda de Lorenzo se halló "una serie de facturas que tienen que ver con posibles aportes a la campaña presidencial" de 2007 de la presidenta del país, Cristina Fernández.

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