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Costa Rica concede asilo político a Carlos Ortega, líder sindical y opositor a Hugo Chávez

Las autoridades de Costa Rica anunciaron que concederán asilo político al opositor venezolano Carlos Ortega, refugiado desde el pasado jueves en la embajada que San José tiene en Caracas. La Fiscalía “chavista” acusa al líder de la Confederación de Trabajadores de varios delitos relacionados con la reciente huelga general de 63 días.

LD (Agencias) El Gobierno de Costa Rica anunció que ha concedido asilo político al líder sindical venezolano Carlos Ortega, quien el pasado jueves se refugió en la embajada costarricense en Caracas. "En apego a la tradicional institución del asilo, consagrada en la Constitución Política y diversos instrumentos internacionales y por razones humanitarias, el Gobierno ha otorgado asilo territorial a Ortega Carvajal", informa este martes en un comunicado el ministro de Exteriores costarricense, Roberto Tovar, quien instruyó al embajador en Caracas, Ricardo Lizano, para que transmita a las autoridades venezolanas la decisión de su Gobierno. El diplomático también solicitará el respectivo salvoconducto con el fin de que Ortega viaje en el menor tiempo posible a San José.

El pasado viernes, el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció que otorgará sin problemas el salvoconducto para una eventual salida del país de Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y prófugo de la justicia desde el pasado 23 de febrero. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que Ortega entró el jueves en la embajada de Costa Rica en Venezuela y solicitó asilo diplomático, al temer por su seguridad personal y tras permanecer varias semanas en la clandestinidad.

El presidente de la CTV es también uno de los vicepresidentes de la Confederación Internacional de las Organizaciones Sindicales Libres (CIOLS) y ha sido diputado del desaparecido Congreso Nacional venezolano en 1993 El líder sindical es prófugo de la justicia venezolana desde que un tribunal de Caracas ordenó su arresto a instancias de la Fiscalía General venezolana, que le acusa de varios presuntos delitos relacionados con la reciente huelga general de 63 días, en la que fue uno de los convocantes.

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