L D (EFE) La crisis que vive Lituania desde el pasado octubre parece que se acerca a su desenlace final, con Paksas acorralado política y judicialmente, pero dispuesto a sostener la defensa numantina de una inocencia cuestionada dentro y fuera del país.
El ex piloto de pruebas convertido en jefe de Estado hace un año deberá presentarse el próximo lunes ante la comisión formada por seis políticos y seis jueces independientes que antes del 13 de febrero deberá decidir si es destituido. Julius Sabatauskas, vicepresidente de la Comisión, comunicó este viernes a la prensa la convocatoria a Paksas, pero la secretaría de prensa del presidente dijo que éste "se encuentra de vacaciones y por tanto no puede confirmar si participará o no en la reunión" del lunes. Los portavoces de Paksas dijeron que éste no ha recibido el texto de las acusaciones vertidas oficialmente contra él y otros materiales sobre los cuales se fundamenta el proceso de destitución abierto en diciembre pasado.
El Parlamento lituano puso en marcha la última semana de 2003 esta comisión especial, que deberá decidir si apoya o refuta las acusaciones formuladas contra Paksas por los servicios secretos y que ya fueron confirmadas por un comité del Legislativo que llevó a cabo una investigación preliminar. Paksas, en dos ocasiones primer ministro, ex alcalde de Vilna y elegido en enero de 2003 presidente del país, es vinculado a un mafioso ruso a través de su asesor Remigijus Acas y está acusado de poner en peligro la seguridad del Estado.
El escándalo se desató cuando los servicios secretos revelaron que la campaña electoral de Paksas fue sufragada por el empresario ruso Yuri Borísov, nacionalizado lituano y a quien se acusa de exportar ilegalmente armas a Sudán. El Departamento de Seguridad del Estado (VSD) dijo que Paksas filtró información secreta útil para las empresas de Borísov y le prometió prebendas públicas a cambio de más de 600.000 dólares para su campaña presidencial. El VSD advirtió de que Paksas ha abierto las puertas de Lituania a una "masiva y agresiva penetración de capital ruso" en los sectores de la energía y el transporte.
El 3 de diciembre se decidió sacar adelante el proceso de destitución del polémico presidente de 47 años, que culminó con la creación y puesta en marcha de la comisión especial. El primer ministro, Algirdas Brazauskas, y el alcalde de Vilna, Arturas Zuokas, entre otros, han pedido a Paksas que dimita para no comprometer la estabilidad del país ante la adhesión en mayo de Lituania a la Unión Europea y la OTAN. "¿Por qué debería dimitir? Usando términos bíblicos, quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra", dijo Paksas al diario Kauno Diena. Estas declaraciones fueron interpretadas como una advertencia de que, si cae, no lo hará solo.
Paksas ha atribuido todo el escándalo a una "caza de brujas" que sus enemigos políticos han orquestado con los servicios secretos, pero los principales órganos de la Justicia lituana han tirado por el suelo ese argumento. El Tribunal Constitucional dictaminó el martes pasado que el presidente violó al menos tres artículos de la Carta Magna al conceder ilegalmente a Borísov la nacionalidad lituana poco después de ganar las elecciones. "La decisión de conceder excepcionalmente la nacionalidad a Borísov no se debió a méritos políticos prestados al Estado lituano, sino a su sólido apoyo financiero y de otro tipo otorgado durante las elecciones, lo que supone de hecho una recompensa por esa ayuda" monetaria, indicó el Tribunal.