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Condiciones impuestas por la CE a Rumanía Y Bulgaria

La Comisión Europea (CE) ha establecido una serie de medidas de control para asegurar que Rumanía y Bulgaria continúan sus procesos de reformas internas y cumplen las leyes comunitarias tras su ingreso en la UE el próximo 1 de enero. Las medidas buscan que Bucarest y Sofía continúen el proceso de reforzamiento institucional en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, reforma judicial, seguridad alimentaria y garantías de gestión de los fondos comunitarios.

LD (EFE) Este mecanismo incluye pasos precisos que deben cumplirse, entre ellos la presentación por ambos países de informes periódicos sobre objetivos concretos, el primero de los cuales debe ser presentado para el 31 de marzo de 2007. Si alguno de los dos futuros miembros de la UE no cumple los objetivos marcados, la CE aplicará las medidas de salvaguardia incluidas en el Tratado de Adhesión.
 
- Cláusulas de salvaguardia. Son tres: una económica general, otra referente al mercado interior y otra sobre justicia e interior, y pueden ser invocadas hasta tres años después del ingreso de los dos países.

- Medidas transitorias: incluyen la prohibición de exportar al resto de la UE productos rumanos y búlgaros que no cumplen con las normas de seguridad alimentaria, veterinaria o fitosanitaria.

Por ejemplo, los dos países no pueden exportar cerdos vivos ni productos derivados hasta la erradicación de la peste porcina.

- Medidas financieras correctoras en los fondos de la UE, que suponen que, si esas ayudas son usadas de forma ilícita, la Comisión Europea podría retrasar o reducir nuevos pagos, así como exigir la devolución de las cantidades mal empleadas.

- Además, Bucarest y Sofía están obligadas a poner en marcha instituciones efectivas para el pago de fondos agrícolas, y la Comisión ha introducido medidas específicas para el caso de que el IACS (sistema integrado de administración y control) no funcione adecuadamente.

- Finalmente, se ha puesto en marcha un mecanismo específico de cooperación y verificación para los procesos de reforma judicial y la lucha contra la corrupción.

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