L D (EFE) LaRue dijo este jueves, cuando confirmó a la prensa de la decisión de la CIDH –organismo vinculado a la Organización de estados Americanos (OEA)–, que la de Plan de Sánchez fue “una de las masacres más terribles del conflicto armado" que padeció Guatemala entre 1960 y 1996.
La demanda fue presentada por el Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos (CALDH) el 1 de agosto de 2002. Dos años antes el entonces presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, reconoció la responsabilidad del Estado en el crimen.
Desde entonces, y durante dos años, CALDH y los familiares de las víctimas estuvieron negociando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una reparación amistosa, pero no se llegó a ningún acuerdo.
Desde entonces, y durante dos años, CALDH y los familiares de las víctimas estuvieron negociando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una reparación amistosa, pero no se llegó a ningún acuerdo.
El fallo, que condena al Estado guatemalteco a pagar 8 millones de dólares en concepto de resarcimiento a los familiares de las víctimas, fue dictado el pasado 19 de noviembre.
LaRue dijo desconocer de dónde se sacará el dinero para desembolsar esa cifra, pero añadió que “el Estado tiene que cumplir”.