Condenan a seis acusados de pederastia en el proceso Casa Pía

La lectura de la sentencia, que duró casi seis horas, puso fin a las investigaciones abiertas en 2002, a raíz de las denuncias de los medios de comunicación, sobre abusos sexuales cometidos durante dos décadas por hombres adinerados con niños acogidos en la institución civil Casa Pía de Lisboa, administrada por el Estado.

El chófer y antiguo alumno de la institución Carlos Silvino fue condenado a 18 años; el médico João Ferreira Diniz y el ex presentador de televisión Carlos Cruz a siete; el ex embajador Jorge Ritto y el abogado Hugo Marçal a seis; el ex administrador de la institución Manuel Abrantes a cinco; y Gertrudes Nunes, dueña de la casa donde se cometían los abusos fue absuelta de delitos sexuales.

Además varios de los condenados deberán indemnizar a más de una veintena de víctimas con cantidades que van de quince mil a veinticinco mil euros. La lectura de un resumen de las 3.000 páginas de la sentencia, cuya retransmisión no permitió el Tribunal, tuvo en vilo a los medios de comunicación de Portugal, que durante seis años han seguido las incidencias del proceso.

Los magistrados dieron por probadas la mayoría de las acusaciones imputadas a los siete procesados y ninguno fue declarado inocente pero absolvieron a la mujer por considerar que su conducta no era punible como delito sexual.

El juicio de la Casa Pía ha sido el más mediático de la historia de Portugal y puso en tela de juicio la labor de una institución tradicional de la beneficencia estatal lusa como la Casa Pía.

Las acusaciones que pesaban contra los siete imputados eran, además de abusos sexuales, de lenocinio y uso indebido de caudales públicos y ninguno de ellos, a excepción de Silvino, los admitió ni se declaró arrepentido.

Las condenas

Fue este antiguo alumno de la Casa Pía que trabajaba como chófer de la institución y organizaba encuentros sexuales con los niños, quien contó al Tribunal las principales revelaciones del caso. Silvino, que fue acogido de niño en el orfanato y pasó en él toda su vida, declaró haber sido también víctima de abusos sexuales cuando llegó a la Casa Pía.

Ahora, con 53 años, ha recibido la condena más dura por las acusaciones de más de 600 delitos de naturaleza sexual, incluida la colaboración para que otros los cometieran, con los niños huérfanos o retirados de la custodia de sus familiares acogidos en la institución.

Carlos Cruz, de 68 años, es el procesado más conocido por haber sido presentador en varias cadenas de televisión portuguesas y estaba imputado en total de seis delitos de abuso sexual y actos con adolescentes que le han valido una condena de siete años de prisión.

La misma pena ha recibido el médico Ferreira Diniz por los cargos de haber abusado en total de 18 menores, mientras al ex diplomático Jorge Ritto, sobre el que pesaban once casos de abusos y dos de lenocinio, le han impuesto seis años y ocho meses.

El único miembro de la administración de la Casa Pía acusado, el antiguo proveedor adjunto Manuel Abrantes, afrontaba 48 delitos de abusos, lenocinio y uso indebido de caudales públicos que han sido penados con cinco años y nueve meses de cárcel.

Por último el abogado Hugo Marçal, juzgado por 36 delitos de carácter sexual y también por lenocinio, tendrá que pasar seis años y dos meses en prisión.

A la única procesada que sale absuelta, Gertrude Nunes, se le consideró no obstante probado que cedió una casa en la ciudad de Elvas, junto a la frontera española de Badajoz, en la que llevaban a cabo los encuentros con los menores.

El escándalo de la Casa Pía salió a la luz en 2002 por las informaciones divulgadas en la cadena de televisión SIC y el semanario Expresso que motivaron una investigación policial ese mismo año y el inicio del juicio en 2004.

Los casos de pederastia consentidos en un orfanato público durante dos décadas conmocionaron a la opinión pública lusa y saltaron a la política cuando fue acusado el ex ministro socialista Paulo Pedroso, que en 2003 paso cuatro meses en prisión preventiva pero salió libre de cargos.

El proceso dio lugar a otro escándalo cuando la divulgación de las escuchas telefónicas que hacía la Policía en sus investigaciones reveló que, por cuestiones ajenas al caso, también estaban pinchados los teléfonos de personalidades como el entonces jefe de Estado, Jorge Sampaio, o el ex presidente del Parlamento Joao Mota Amaral.