L D (EFE) De acuerdo a una resolución suprema publicada en la gaceta oficial, el gobierno clasificó con carácter de secreto el informe especial sobre el caso, encargado a los ministros de Defensa, Aurelio Loret de Mola, de Interior, Fernando Rospigliosi, y de Transportes y Comunicaciones, Eduardo Iriarte. La semana pasada, se entregó un informe preliminar al jefe de Estado en el que se baraja la posibilidad de que se hubiera colocado un micrófono en la oficina presidencial para espiar sus conversaciones. Sin embargo, otras versiones aseguran que se trata de ex colaboradores del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos que siguen manejando equipos de espionaje utilizados por éste en el pasado gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Un programa periodístico difundió la grabación de una conversación telefónica de Toledo, desde su despacho presidencial, con un funcionario de Estado antes de realizar un viaje de trabajo a la ciudad de Arequipa. En el diálogo, Toledo se expresaba en forma despectiva hacia las autoridades de esa ciudad porque criticaban a su gabinete y buscaba conocer el ambiente político que generaba su visita. A pesar de sondear la situación en esa urbe andina, el mandatario viajó a la misma, y allí recibió el repudio de la población durante los actos oficiales que encabezó.
La norma legal precisa que la Constitución Política consigna el derecho a solicitar información de cualquier entidad pública, salvo en los casos en los que afectan a la intimidad personal y los que son excluidos por razones de seguridad nacional. En ese sentido, la resolución citó la ley de transparencia y acceso a la información pública por la cual se regulan las excepciones que rigen para todo material clasificado como secreto. La información clasificada puede referirse "al ámbito de inteligencia en el frente interno, que tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas porque la revelación de dicho material originaría riesgo para la seguridad interna y la subsistencia del sistema democrático".
Un programa periodístico difundió la grabación de una conversación telefónica de Toledo, desde su despacho presidencial, con un funcionario de Estado antes de realizar un viaje de trabajo a la ciudad de Arequipa. En el diálogo, Toledo se expresaba en forma despectiva hacia las autoridades de esa ciudad porque criticaban a su gabinete y buscaba conocer el ambiente político que generaba su visita. A pesar de sondear la situación en esa urbe andina, el mandatario viajó a la misma, y allí recibió el repudio de la población durante los actos oficiales que encabezó.
La norma legal precisa que la Constitución Política consigna el derecho a solicitar información de cualquier entidad pública, salvo en los casos en los que afectan a la intimidad personal y los que son excluidos por razones de seguridad nacional. En ese sentido, la resolución citó la ley de transparencia y acceso a la información pública por la cual se regulan las excepciones que rigen para todo material clasificado como secreto. La información clasificada puede referirse "al ámbito de inteligencia en el frente interno, que tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas porque la revelación de dicho material originaría riesgo para la seguridad interna y la subsistencia del sistema democrático".