L D (EFE) Ciampi, al que el centroizquierda y numerosos intelectuales pidieron que no firmara la ley -requisito indispensable para su entrada en vigor-, hizo uso de su prerrogativa poco después de entrevistarse con Berlusconi en el Palacio del Quirinal.
La ley de la televisión , aprobada el pasado día 2 tras más de un año de encendidos debates, pone las bases para la privatización de la emisora pública RAI, acelera la introducción de la tecnología digital y hace compatible la propiedad de cadenas televisivas y de periódicos, en contra de lo dispuesto actualmente . El jefe del Estado italiano pide una nueva deliberación del Parlamento sobre "el respeto del pluralismo de la información" y la eventual "creación de posiciones dominantes" en el sector, en una argumentación jurídica que ocupa cinco páginas. Al término del nuevo debate parlamentario, y si las Cámaras la aprueban por mayoría, la ley deberá ser promulgada sin otros requisitos. El ministro para las Comunicaciones, Maurizio Gasparri (Alianza Nacional), que da nombre a la normativa, conocida como "ley Gasparri", señaló que "el respeto hacia el jefe del Estado impone una atenta valoración de sus observaciones". Berlusconi, que además de primer ministro es propietario de las tres principales televisiones privadas generalistas del país , dijo, poco antes de que se hiciera pública la decisión de Ciampi, que la ley era plenamente constitucional.
Anteriormente había rechazado las imputaciones que le hace la oposición de que esta iniciativa está hecha a la medida de sus intereses, hasta el punto de señalar que incluso le perjudica. Durante la tramitación parlamentaria se produjeron varios episodios de transfuguismo, al amparo del voto secreto, que hicieron perder algunas votaciones a la mayoría gubernamental, si bien el centroderecha cerró filas y votó en bloque al final. La ley ahora devuelta al Parlamento sienta las bases para la privatización de la RAI, aunque sectores específicos de la empresa estatal no podrán ser vendidos al menos hasta 2006, año a partir del cual el ente público podría deshacerse de uno de sus tres canales.
Se establece asimismo un proceso sin fecha fija de finalización, a través de una oferta pública de venta, que no dará a ningún grupo o particular más del 1 por ciento del accionariado. Otra de las peculiaridades de la ley es la aceleración de las transmisiones en tecnología digital, de modo que el 1 de enero de 2004 la RAI debe haber cubierto la mitad del territorio italiano y un año después el 70 por ciento. Antes de que finalice 2006 la transmisión se hará solo en digital, lo que supone una prórroga a las concesiones analógicas de la que se beneficia Retequattro, uno de los canales propiedad de Berlusconi, en contra del criterio del Tribunal Constitucional.
La ley de la televisión , aprobada el pasado día 2 tras más de un año de encendidos debates, pone las bases para la privatización de la emisora pública RAI, acelera la introducción de la tecnología digital y hace compatible la propiedad de cadenas televisivas y de periódicos, en contra de lo dispuesto actualmente . El jefe del Estado italiano pide una nueva deliberación del Parlamento sobre "el respeto del pluralismo de la información" y la eventual "creación de posiciones dominantes" en el sector, en una argumentación jurídica que ocupa cinco páginas. Al término del nuevo debate parlamentario, y si las Cámaras la aprueban por mayoría, la ley deberá ser promulgada sin otros requisitos. El ministro para las Comunicaciones, Maurizio Gasparri (Alianza Nacional), que da nombre a la normativa, conocida como "ley Gasparri", señaló que "el respeto hacia el jefe del Estado impone una atenta valoración de sus observaciones". Berlusconi, que además de primer ministro es propietario de las tres principales televisiones privadas generalistas del país , dijo, poco antes de que se hiciera pública la decisión de Ciampi, que la ley era plenamente constitucional.
Anteriormente había rechazado las imputaciones que le hace la oposición de que esta iniciativa está hecha a la medida de sus intereses, hasta el punto de señalar que incluso le perjudica. Durante la tramitación parlamentaria se produjeron varios episodios de transfuguismo, al amparo del voto secreto, que hicieron perder algunas votaciones a la mayoría gubernamental, si bien el centroderecha cerró filas y votó en bloque al final. La ley ahora devuelta al Parlamento sienta las bases para la privatización de la RAI, aunque sectores específicos de la empresa estatal no podrán ser vendidos al menos hasta 2006, año a partir del cual el ente público podría deshacerse de uno de sus tres canales.
Se establece asimismo un proceso sin fecha fija de finalización, a través de una oferta pública de venta, que no dará a ningún grupo o particular más del 1 por ciento del accionariado. Otra de las peculiaridades de la ley es la aceleración de las transmisiones en tecnología digital, de modo que el 1 de enero de 2004 la RAI debe haber cubierto la mitad del territorio italiano y un año después el 70 por ciento. Antes de que finalice 2006 la transmisión se hará solo en digital, lo que supone una prórroga a las concesiones analógicas de la que se beneficia Retequattro, uno de los canales propiedad de Berlusconi, en contra del criterio del Tribunal Constitucional.