Chávez ofrece la nacionalidad a cuatro etarras para evitar que sean extraditados a España

LD (Agencias) El Ministerio de Asuntos Exteriores y la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, han coincidido en afirmar que no tienen constancia de que el régimen venezolano vaya a indemnizar con 325.000 euros a los etarras Juan Víctor Galarza y Sebastián Etxaniz, además de conceder la nacionalidad a los terroristas Miguel Ángel Aldana, Jesús Ricardo Urteaga, Eugenio Barrutiabengoa y a Lorenzo Ayestarán para evitar ser extraditados a España.

 

Trinidad Jiménez declaró a la agencia Europa Press que el Gobierno español está "comprobando qué hay de verdad" en la información difundida este martes por Vasco Press. Insistió en que "estamos comprobando en estos momentos la veracidad" y remitió a la información proporcionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de un portavoz. Según éste funcionario, tras ser conocidas las "medidas de gracia" para los terroristas se ordenó a la embajada española en Caracas comprobar la información a través de los cauces diplomáticos habituales.

 

 

Según informan la mayoría de los periódicos españoles de circulación nacional, un documento pactado entre Venezuela y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos condena al régimen "chavista" a pagar 325.000 euros a los dos etarras por haberlos entregado en 2002 a la justicia española. El acuerdo se alcanzó en junio de 2006 después de que el equipo de abogados de los terroristas interpusieran una demanda ante la citada comisión por presunta "deportación ilegítima". En marzo pasado, la queja fue admitida a trámite acarreando la apertura de negociaciones.

 

El "pacto voluntario" establece que al haber sido deportados cuando aún no se había emitido un veredicto de la denuncia presentada, Venezuela incurrió en "una deportación ilegal y entrega ilegal al estado español", violando así los derechos humanos de los etarras. Caracas establece en el pacto, incluido en el informe anual que la comisión envía a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que violó los artículos de la convención que regulan el "derecho a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la protección de la honra y a la dignidad , a la protección de la familia, el derecho de circulación y residencia, la igualdad ante la ley y la protección general".

 

Galarza, en libertad tras permanecer en prisión tres años, deberá recibir cantidades que suman un total de 132.000 euros en concepto de "daño moral por los sufrimientos causados a su persona y familiares". Su compañero Etxaniz, que actualmente cumple una condena de 95 años por tres asesinatos, recibirá 193.000 euros además de una mensualidad de 750 euros que se incrementarán de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) español.

 

Además, Caracas se compromete a realizar gestiones ante las autoridades españolas para que el asesino pueda cumplir su pena en "un recinto carcelario cercano a su lugar de origen, tal y como establecen las normas internacionales". El pacto reconoce que ambos terroristas sufrieron daño moral por los años de cárcel cumplidos y por cumplir, además de las "torturas recibidas".

 

 

Como parte del acuerdo, el Gobierno venezolano también se ha comprometido a conceder la nacionalidad venezolana a otros cuatro terroristas: Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Ayestarán, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana, como garantía de que no serán extraditados a España.

 

Según fuentes diplomáticas, el pacto no sólo protege a los seis terroristas sino que se podría extender a otros miembros de ETA que radican en Venezuela. De hecho, el régimen de Chávez reconoce la presencia de etarras a los que identifica como "ciudadanos vascos y vascas" y en condición de asilados políticos desde la década de los años ochenta. Varios de ellos gozan de todos los derechos que le concede la nacionalidad venezolana.