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Chávez obliga por decreto a los venezolanos a espiar a familiares y vecinos

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aprobó por decreto y sin pasar por la Asamblea Nacional, una reforma a las normativas que rigen los servicios de inteligencia militares y civiles. Con los cambios, las agencias pueden obligar, bajo pena de cárcel, a los ciudadanos a convertirse en informantes y proporcionar datos sobre las actividades de sus familiares, vecinos y conocidos.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aprobó por decreto y sin pasar por la Asamblea Nacional, una reforma a las normativas que rigen los servicios de inteligencia militares y civiles. Con los cambios, las agencias pueden obligar, bajo pena de cárcel, a los ciudadanos a convertirse en informantes y proporcionar datos sobre las actividades de sus familiares, vecinos y conocidos.
(Libertad Digital) La decisión propicia la creación de grupos similares a los cubanos Comités de Defensa de la Revolución: organismos que obligan a los ciudadanos a cumplir con tareas de vigilancia y suministro de información.
 
Hugo Chávez, presidente de Venezuela, ha utilizado los poderes que le conceden legislar por decreto para imponer una ley que en la práctica, según las organizaciones opositoras y defensoras de derechos humanos, obligará a los ciudadanos venezolanos a convertirse en informantes del régimen bajo pena de ser encarcelados.
 
La nueva normativa que entró en vigor el pasado 28 de mayo, crea la Oficina General de Inteligencia y la Oficina General de Contrainteligencia, que vienen a sustituir a las dos principales servicios de espionaje de Venezuela, la Policía secreta (DISIP) y la agencia militar de inteligencia. Los dos nuevos organismos estarán directamente bajo el control de Chávez.
 
Entre las atribuciones de las dos nuevas agencias figura la posibilidad de obligar a los ciudadanos a presentarse ante los agentes de inteligencia o grupos comunitarios de activismo leales a Chávez para informar sobre las actividades de sus familiares, vecinos y conocidos para evitar la cárcel. Opositores y disidentes aseguran que la medida abre la posibilidad para que en Venezuela se constituyan grupos similares a los Comités de Defensa de la Revolución cubanos. En la isla, esos organismos obligan a los ciudadanos a cumplir con tareas de vigilancia y suministro de información.
 
En una inusitada declaración pública, Blanca Rosa Mármol de León, una juez del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, aseguró al respecto que "nos enfrentamos a medidas que son una amenaza para todos nosotros" porque, añade, "tengo que decirlo como ciudadana y como juez: este es un paso hacia la creación de una sociedad de informantes".
 
Opositores venezolanos subraya que según la normativa, los ciudadanos que se nieguen a servir de informantes podrán ser sancionados por penas de dos a cuatro años de cárcel, y de seis para los empleados gubernamentales. Las fuentes han declarado que los cambios en los sistemas de inteligencia de Venezuela reflejan un esfuerzo de Chávez por ejercer mayor control sobre las instituciones públicas, después de que su propuesta para reformar la Constitución e incrementar sus poderes, fuera derrotada en un referendo.

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