LD (Agencias) En su programa de radio y televisión “Aló presidente”, el mandatario ha señalado que debido a la reestructuración interna del CNE, las firmas presentadas por la oposición para solicitar el referéndum en su contra quedaron “congeladas”. Afirmó que “esas firmas ilegales que presentaron están congeladas, no tienen prioridad porque primero hay que reestructurar al CNE. Esas firmas no son más que parte del show desestabilizador”.
Aunque Chávez pidió respeto para el árbitro electoral, que asumió sus funciones hace cuatro días, pareció responderle al presidente del CNE, Francisco Carrasquero, quien declaró a la prensa que el referéndum revocatorio es “prioridad” para el organismo. El mandatario afirmó que por ley el Consejo debe ser sometido a un proceso de reestructuración que durará al menos seis meses, además de elaborar los reglamentos para las consultas. Indicó que es necesario reestructurar el organismo porque la anterior directiva estaba plegada a los planes “golpistas” de la oposición.
"El CNE ordenó su reestructuración interna. Ahora la Asamblea Nacional (que Chávez controla) debe nombrar una comisión que reestructure el organismo, como manda la ley. Habrá un plazo hasta finales de febrero, plazo suficiente para que entremos en la campaña para gobernadores y alcaldes", señaló. Explicó que a finales de julio de 2004 deberán realizarse las elecciones regionales, donde pronosticó que el oficialismo "va a recuperar espacios".
La oposición espera que el CNE revise las 3.2 millones de firmas que presentaron para solicitar el referéndum y que antes del 20 de septiembre anuncie una decisión sobre su validez. El presidente del Consejo afirmó que el directorio cumplirá los plazos legales sobre una consulta y no descartó que este mismo año se convoque al referéndum contra Chávez. Carrasquero señaló que responder a la solicitud de una consulta popular sobre la permanencia de Chávez en el poder es "prioridad" para el organismo. Una vez que se presentaron las firmas, el veinte de agosto, comenzó a correr un mes para su revisión y un pronunciamiento sobre la legalidad. Si las firmas son válidas, el CNE deberá convocar a un referéndum en los siguientes sesenta días. El oficialismo sostiene que las firmas, recogidas el 2 de febrero, son ilegales porque muchas fueron falsificadas.
Aunque Chávez pidió respeto para el árbitro electoral, que asumió sus funciones hace cuatro días, pareció responderle al presidente del CNE, Francisco Carrasquero, quien declaró a la prensa que el referéndum revocatorio es “prioridad” para el organismo. El mandatario afirmó que por ley el Consejo debe ser sometido a un proceso de reestructuración que durará al menos seis meses, además de elaborar los reglamentos para las consultas. Indicó que es necesario reestructurar el organismo porque la anterior directiva estaba plegada a los planes “golpistas” de la oposición.
"El CNE ordenó su reestructuración interna. Ahora la Asamblea Nacional (que Chávez controla) debe nombrar una comisión que reestructure el organismo, como manda la ley. Habrá un plazo hasta finales de febrero, plazo suficiente para que entremos en la campaña para gobernadores y alcaldes", señaló. Explicó que a finales de julio de 2004 deberán realizarse las elecciones regionales, donde pronosticó que el oficialismo "va a recuperar espacios".
La oposición espera que el CNE revise las 3.2 millones de firmas que presentaron para solicitar el referéndum y que antes del 20 de septiembre anuncie una decisión sobre su validez. El presidente del Consejo afirmó que el directorio cumplirá los plazos legales sobre una consulta y no descartó que este mismo año se convoque al referéndum contra Chávez. Carrasquero señaló que responder a la solicitud de una consulta popular sobre la permanencia de Chávez en el poder es "prioridad" para el organismo. Una vez que se presentaron las firmas, el veinte de agosto, comenzó a correr un mes para su revisión y un pronunciamiento sobre la legalidad. Si las firmas son válidas, el CNE deberá convocar a un referéndum en los siguientes sesenta días. El oficialismo sostiene que las firmas, recogidas el 2 de febrero, son ilegales porque muchas fueron falsificadas.