LD (Agencias) Las pesquisas sobre la denuncia que Chávez efectúa casi a diario desde hace un año debieron comenzar el jueves, pero, tras un acuerdo entre las autoridades respectivas y las del Consejo Nacional Electoral (CNE), se acordó que empiecen este viernes. Para ello, un fiscal llegó la víspera al CNE protegido por un aparatoso despliegue policial, pero no logró su objetivo y los camiones policiales dispuestos aparentemente para trasladar las firmas a la Fiscalía regresaron vacíos a los cuarteles. Un acuerdo con el CNE estableció que la revisión de las firmas tendrá que hacerse en las mismas bóvedas del órgano rector del sufragio donde están depositadas y no en otro lugar.
La Fiscalía General informó de que la revisión servirá para determinar "las presuntas irregularidades en la recolección de las firmas efectuada en el año 2002, a través de las cuales se solicitó la realización de un referendo consultivo". Posteriormente, se prevé que igual procedimiento se aplicará a las firmas recabadas en febrero de 2003 y entregadas en agosto para pedir, esta vez, un referendo revocatorio del mandato de Chávez.
El inicial afán opositor de forzar la salida de Chávez a través de un "consultivo" fue luego descartado, y se decidió buscar lo mismo con un "revocatorio", sobre el cual el CNE aún no ha decidido. El Gobierno denuncia falsificaciones en ambos casos y la ilegal transferencia de firmas desde bases de datos de bancos privados. Con ello, la administración busca, además, impedir que las firmas del "consultivo" sean utilizadas en respaldo del "revocatorio".
La Fiscalía General informó de que la revisión servirá para determinar "las presuntas irregularidades en la recolección de las firmas efectuada en el año 2002, a través de las cuales se solicitó la realización de un referendo consultivo". Posteriormente, se prevé que igual procedimiento se aplicará a las firmas recabadas en febrero de 2003 y entregadas en agosto para pedir, esta vez, un referendo revocatorio del mandato de Chávez.
El inicial afán opositor de forzar la salida de Chávez a través de un "consultivo" fue luego descartado, y se decidió buscar lo mismo con un "revocatorio", sobre el cual el CNE aún no ha decidido. El Gobierno denuncia falsificaciones en ambos casos y la ilegal transferencia de firmas desde bases de datos de bancos privados. Con ello, la administración busca, además, impedir que las firmas del "consultivo" sean utilizadas en respaldo del "revocatorio".