LD (Agencias) El Tribunal Supremo de Justicia venezolano fijo un plazo que venció a las tres de la tarde de este jueves para que se retiraran todos los efectivos de la Guardia Nacional que ocupan desde el 16 de noviembre las instalaciones de la Policía Metropolitana (PM). Sin embargo, las autoridades militares leales al presidente Hugo Chávez ordenaron que la presencia del personal militar fuera reforzada. Al menos 36 efectivos totalmente equipados, al mando del teniente Darwin López entraron en las instalaciones horas antes del vencimiento de la ordenanza.
En punto de las tres de la tarde, el opositor alcalde Alfredo Peña acudió a las instalaciones de la Comandancia General de la PM para verificar si las Fuerzas Armadas habían acatado la disposición judicial. Los soldados, fuertemente armados, prohibieron la entrada a los medios de comunicación que acompañaban a las autoridades caraqueñas. El inspector de la Fuerza Armada Nacional (FAN), vicealmirante Luis Alfredo Torcatt, afirmó que el Ministerio de Defensa "no ha sido notificado" de la sentencia judicial, que el pasado lunes dio un plazo de 72 horas para la "ejecución forzosa" de la desmilitarización de la policía de Caracas.
El alcalde Mayor de Caracas señaló que ante la ocupación de la PM, "(los venezolanos) estamos en una dictadura. No hay ningún otro país así en América Latina. Estamos ante un Gobierno dictatorial". Denunció que la orden judicial "ha sido desacatada de forma flagrante" por el gobierno, porque los efectivos militares continúan en las instalaciones policiales. "Esta es rebelión del presidente (Hugo Chávez) contra el Poder Judicial", afirmó quien dijo que va a esperar a ver "el comportamiento de los magistrados de la Sala Constitucional" a los que Chávez ha faltado al respeto. Peña, que logró el cargo de manos del "chavismo" en julio de 2000 pero luego se pasó a la oposición, señaló que el Ejecutivo "ha desacatado al menos cuatro veces la sentencia que ordena la desmilitarización" de la PM. Reiteró además que la "intervención ilegal" del Gobierno en la PM constituye una "violación" de la Carta Democrática Interamericana, que dicta que el Gobierno "debe garantizar el funcionamiento de la democracia y la autonomía de los poderes públicos".
En medio de una grave crisis política, el presidente Chávez ordenó en noviembre pasado la intervención de la PM, que dirige la Alcaldía Mayor, para poniendo como excusa la urgencia de "poner orden en la institución", que para entonces estaba afectada por un conflicto interno que había mermado su capacidad operativa, según el Gobierno.
En punto de las tres de la tarde, el opositor alcalde Alfredo Peña acudió a las instalaciones de la Comandancia General de la PM para verificar si las Fuerzas Armadas habían acatado la disposición judicial. Los soldados, fuertemente armados, prohibieron la entrada a los medios de comunicación que acompañaban a las autoridades caraqueñas. El inspector de la Fuerza Armada Nacional (FAN), vicealmirante Luis Alfredo Torcatt, afirmó que el Ministerio de Defensa "no ha sido notificado" de la sentencia judicial, que el pasado lunes dio un plazo de 72 horas para la "ejecución forzosa" de la desmilitarización de la policía de Caracas.
El alcalde Mayor de Caracas señaló que ante la ocupación de la PM, "(los venezolanos) estamos en una dictadura. No hay ningún otro país así en América Latina. Estamos ante un Gobierno dictatorial". Denunció que la orden judicial "ha sido desacatada de forma flagrante" por el gobierno, porque los efectivos militares continúan en las instalaciones policiales. "Esta es rebelión del presidente (Hugo Chávez) contra el Poder Judicial", afirmó quien dijo que va a esperar a ver "el comportamiento de los magistrados de la Sala Constitucional" a los que Chávez ha faltado al respeto. Peña, que logró el cargo de manos del "chavismo" en julio de 2000 pero luego se pasó a la oposición, señaló que el Ejecutivo "ha desacatado al menos cuatro veces la sentencia que ordena la desmilitarización" de la PM. Reiteró además que la "intervención ilegal" del Gobierno en la PM constituye una "violación" de la Carta Democrática Interamericana, que dicta que el Gobierno "debe garantizar el funcionamiento de la democracia y la autonomía de los poderes públicos".
En medio de una grave crisis política, el presidente Chávez ordenó en noviembre pasado la intervención de la PM, que dirige la Alcaldía Mayor, para poniendo como excusa la urgencia de "poner orden en la institución", que para entonces estaba afectada por un conflicto interno que había mermado su capacidad operativa, según el Gobierno.