LD (Agencias) Trece civiles y un soldado han muerto y más de cien personas se encuentran heridas después de las violentas manifestaciones convocadas en las ciudades de La Paz y El Alto para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. La cifra eleva a 58 las víctimas mortales desde que las organizaciones campesinas y obreras, la mayoría de izquierda, iniciaron movilizaciones desde el 15 de septiembre para frenar un proyecto gubernamental para exportar gas natural a México y EEUU a través de puertos chilenos. Este lunes, la presión política y social provocó que el presidente boliviano decretara la suspensión de la iniciativa y prometiera someterla a consultas y debates.
La crisis política está provocando el aislamiento de Sánchez Lozada después de que tres ministros, entre ellos el vicepresidente Carlos Mesa, han renunciado. Sin embargo y ante las manifestaciones radicales en cuatro ciudades para exigir su dimisión, el mandatario dijo en un mensaje televisado: "yo no voy a renunciar" y prometió "cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución". Tras una reunión de gabinete y con altos mandos militares, el jefe de Estado aseguró contar con el respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas. Denunció "un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana". Como dirigentes de la supuesta subversión, el presidente acusó a los líderes sindicales Evo Morales, jefe del mayor partido de la oposición, y Felipe Quispe. Ambos, diputados indígenas, han negado rotundamente las acusaciones y pidieron a la sociedad continuar con las protestas hasta lograr la renuncia y dar lugar a la sucesión constitucional, nombrando presidente provisorio a un miembro del Tribunal Supremo de Justicia, que llame a nuevas elecciones. En ese contexto, el Gobierno de EEUU le manifestó su apoyó y advirtió que "no tolerará" ningún intento antidemocrático para derrocar al Gobierno legítimo. Mientras la Comisión Europea lamentó "los graves incidentes" ocurridos en Bolivia e hizo un llamamiento a la calma y al diálogo entre las partes.
Este lunes por la tarde, decenas de soldados, apoyados por una docenas de tanques de asalto militar, se colocaron en puntos estratégicos del centro de La Paz, ciudad capital, ocupada desde la mañana por cientos de personas provenientes de El Alto. Las dos ciudades están separadas por apenas doce kilómetros. La protesta abarrotó los cuatro costados de la plaza de Murillo, donde se encuentran los palacios de Gobierno y del Congreso, pero los soldados disuadieron a los concentrados con gas lacrimógeno y balas de goma. Detrás de la emblemática iglesia de San Francisco, uno de los grupos de manifestantes atacó una comisaría y una galería comercial, que fueron incendiadas. De repente, una fuerza combinada militar-policial entró por la autopista que comunica La Paz con El Alto y controló las calles y avenidas del centro. Desde la Plaza Pérez Velasco y el templete de la iglesia de San Francisco, los soldados obligaron a los manifestantes a retirarse. Los servicios hospitalarios han informado de trece civiles y un soldados muertos, además de más cien heridos.
La crisis política está provocando el aislamiento de Sánchez Lozada después de que tres ministros, entre ellos el vicepresidente Carlos Mesa, han renunciado. Sin embargo y ante las manifestaciones radicales en cuatro ciudades para exigir su dimisión, el mandatario dijo en un mensaje televisado: "yo no voy a renunciar" y prometió "cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución". Tras una reunión de gabinete y con altos mandos militares, el jefe de Estado aseguró contar con el respaldo de la Policía y las Fuerzas Armadas. Denunció "un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana". Como dirigentes de la supuesta subversión, el presidente acusó a los líderes sindicales Evo Morales, jefe del mayor partido de la oposición, y Felipe Quispe. Ambos, diputados indígenas, han negado rotundamente las acusaciones y pidieron a la sociedad continuar con las protestas hasta lograr la renuncia y dar lugar a la sucesión constitucional, nombrando presidente provisorio a un miembro del Tribunal Supremo de Justicia, que llame a nuevas elecciones. En ese contexto, el Gobierno de EEUU le manifestó su apoyó y advirtió que "no tolerará" ningún intento antidemocrático para derrocar al Gobierno legítimo. Mientras la Comisión Europea lamentó "los graves incidentes" ocurridos en Bolivia e hizo un llamamiento a la calma y al diálogo entre las partes.
Este lunes por la tarde, decenas de soldados, apoyados por una docenas de tanques de asalto militar, se colocaron en puntos estratégicos del centro de La Paz, ciudad capital, ocupada desde la mañana por cientos de personas provenientes de El Alto. Las dos ciudades están separadas por apenas doce kilómetros. La protesta abarrotó los cuatro costados de la plaza de Murillo, donde se encuentran los palacios de Gobierno y del Congreso, pero los soldados disuadieron a los concentrados con gas lacrimógeno y balas de goma. Detrás de la emblemática iglesia de San Francisco, uno de los grupos de manifestantes atacó una comisaría y una galería comercial, que fueron incendiadas. De repente, una fuerza combinada militar-policial entró por la autopista que comunica La Paz con El Alto y controló las calles y avenidas del centro. Desde la Plaza Pérez Velasco y el templete de la iglesia de San Francisco, los soldados obligaron a los manifestantes a retirarse. Los servicios hospitalarios han informado de trece civiles y un soldados muertos, además de más cien heridos.