(Libertad Digital) La Fiscalía cubana ha pedido diez cadenas perpetuas y condenas de entre 15 y 30 años de cárcel, que en conjunto suman 900 años de prisión, contra al menos 77 personas que se encuentran detenidas, acusadas de "traición a la patria, conspiración y de trabajar para una potencia extranjera". La nueva ola represiva, que coincide con el desvío de la atención de la opinión pública internacional hacia la guerra en Irak, se materializó tras dos días de intensa campaña propagandística desarrollada por la prensa estatal televisiva, radiofónica y escrita, en la que se acusó reiteradamente de "alta traición" a los periodistas independientes y a los opositores pacíficos. En el fondo de la cuestión se encuentra el intento de Castro de seccionar el incipiente movimiento democrático nacido dentro de la isla y que tiene su máxima expresión, hasta el momento, en el Proyecto Varela. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn) indicó que entre los 77 detenidos se encuentran activistas de derechos humanos y periodistas independientes que tendrán que enfrentar en los tribunales la aplicación del artículo 91 del Código Penal y la "Ley 88" (conocida como "Ley Mordaza"), que tiene como objetivo "sancionar aquellos hechos encaminados a apoyar, facilitar o colaborar con la Ley Helms-Burton , el bloqueo estadounidense, la guerra económica contra Cuba, la subversión y otras medidas similares encaminadas a menoscabar, dañar o poner en peligro la independencia, soberanía e integridad del Estado cubano". Esa normativa considera "conductas delictivas" el "suministro" y la "búsqueda de información", así como la "introducción en el país de materiales subversivos, su reproducción o difusión". De igual manera, sanciona "la colaboración directa o mediante terceros con emisoras de radio o televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión masiva a los fines señalados". Esta ley data de 1999. Es decir, las supuestas pruebas que presentarán las fuerzas de Castro contra estos periodistas y opositores consisten en libros, documentos, útiles de oficina, dibujos infantiles, fotografías fanmiliares, cámaras fotográficas y de vídeo utilizadas por los acusados en sus rerspectivos trabajos. Las graciosas noticias de el último mes que anunciaban la deportación de Cuba de dibujos animados (Tarzán y otro argentino) por capitalistas y otras lindeces, la prohibición de los libros de Groucho Marx, la quema de material editado y la represión contra la red de Bibiliotecas Independientes no fueron por casualidad. Castro ha aprovechado la guerra de Irak para intentar acabar con el incipiente movimiento democrático desde dentro de la isla.
Juicios sin las "mínimas garantías"
Las esposas de algunos de los disidentes cubanos detenidos en la isla en los últimos meses denunciaron que los juicios sumarios, que se han iniciado este jueves, carecen de las “mínimas garantías” procesales. Por ejemplo, Gisela Delgado, esposa de Héctor Palacios, dirigente del grupo “Todos Uníos”, aseguró que este mismo miércoles fue nombrado el abogado defensor. “Los abogados que nombramos hoy (por este miércoles) están estudiando en este momento los casos, no han tenido entrevistas con los acusados ni con la familia, ni han podido buscar pruebas para realizar la defensa”, denunció.
Delgado, que estaba acompañada de Elsa Morejón y Laura Poyán Toledo, esposas de los también detenidos Oscar Elías Biscet y Héctor Maseda Gutiérrez, respectivamente, también dijo que, con las detenciones y juicios contra los disidentes, el Gobierno busca “mostrar a la población que a cualquiera que pueda protestar o ir en contra le va a pasar lo mismo, lo van aplastar con toda la fuerza, sin piedad”. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos señalan que, por el código penal vigente en Cuba, los ahora detenidos también podrían ser condenados a la pena de muerte. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a la comunidad internacional que se movilice para evitar el encarcelamiento de los reporteros cubanos disidentes. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Rafael Molina, sostuvo que el caso de Raúl Rivero es "bastante inquietante", ya que, según afirmó, este periodista lleva once días detenido e incomunicado en las dependencias estatales.