Carlos Mesa, investido presidente de Bolivia tras la dimisión de Sánchez de Lozada

L D (EFE) El hasta ahora vicepresidente de Bolivia, Carlos Mesa, es el sexagésimo cuarto presidente de la historia del país y el octavo desde la restauración de la democracia, en 1982.

Durante la madrugada de este sábado en España, el Congreso boliviano logró salvar la sucesión constitucional al investir presidente a Mesa, y cerró la crisis institucional originada por la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ha viajado a Estados Unidos.

Pese a la convulsión social que ha sumido en el caos a este país durante el último mes, en el que se han producido más de setenta muertos, los legisladores lograron el consenso suficiente para designar nuevo mandatario a Mesa, tal y como establece el mandato constitucional. El nuevo presidente, periodista de profesión, se comprometió a convocar elecciones generales tras una periodo de transición, para lo que pidió la colaboración de todo el pueblo.

Referéndum sobre la exportación de gas

Mesa dijo que "el Estado no puede dar hoy una respuesta eficiente y efectiva a todas las demandas legítimas del pueblo". Por eso solicitó a los que se manifiestan en las calles que entiendan que es necesario primero la recomposición de "una estructura básica de funcionamiento" para poder comenzar "a analizar todas y cada una de las respuestas". Además anunció que promoverá un referéndum vinculante sobre el criticado proyecto de venta de gas a Estados Unidos y México, detonante de la crisis social.

"Mi gobierno tiene el desafío de responder al tema del gas y no puede responderse sin la participación del conjunto de los bolivianos y las bolivianas", precisó el nuevo mandatario ante los congresistas de su país. Mesa prometió también trabajar en un proyecto para modificar la Ley de Hidrocarburos y analizar el proceso de privatización parcial de las empresas estatales más importantes del país, efectuado desde 1995.

Mesa acepta convocar una Asamblea Constituyente

En su primer mensaje a la nación tras ser investido, el nuevo jefe de Estado anunció que durante su gestión aceptará discutir un camino hacia la concreción de una nueva Constitución Política del Estado boliviano, a través de la Asamblea Constituyente. Estas eran algunas de las principales exigencias de los líderes de las protestas, que encabezaron el dirigente cocalero Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), y el líder sindicalista indígena Felipe Quispe.

Pese a que ambos apoyaron la sucesión de Carlos Mesa en la presidencia, hasta el momento no han desconvocado las movilizaciones que mantienen todavía paralizado al país, aunque Evo Morales ha declarado estar dispuesto a darle un margen de confianza al nuevo presidente. La investidura de Mesa se produjo en una agitada sesión parlamentaria en la que primero fue aceptada la renuncia que presentó por carta Sánchez de Lozada. La misiva fue leída ante los legisladores en la sesión extraordinaria.

"Un funesto precedente para la democracia"

En su carta, el ya ex presidente, que abandonó Bolivia y marchó a Miami, emplazaba al legislativo a que se pronunciara sobre su renuncia, que calificó de un "funesto precedente para la democracia". Sánchez de Lozada decía en su misiva que la última revuelta social supuso "un cuadro de sedición que, con el pretexto de la venta de gas, violó la decencia de la democracia y utilizó esa bandera para rehusar el diálogo y buscar mi renuncia". El contenido de la carta fue abucheado en repetidas ocasiones por los diputados de la oposición, que obligaron a interrumpir una vez su lectura.

En el texto, el ex presidente se lamentó de que se le haya atribuido "responsabilidades por los problemas pasados y por la falta de soluciones" y aseguró que su renuncia "no solucionará los problemas". Lozada emplazó al Congreso a que decidiera sobre su renuncia con la "convicción" de que "no puede ser retirado con mecanismos de presión y violencia, lo cual es un funesto precedente para democracia". Advirtió además de que, pese a su salida del gobierno, "los peligros sobre la patria siguen intactos" y entre ellos citó a "la desintegración nacional, el autoritarismo corporativo y sindical, y la violencia fraticida".