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Burócratas brasileños radicalizarán las protestas contra la reforma del sistema de jubilaciones

Un día después de que el Ejecutivo brasileño calificara de "vandálico" el ataque al Congreso Nacional, los empleados públicos federales que desde hace un mes mantienen una huelga en contra de un proyecto oficial de reforma del sistema de jubilaciones, anunciaron este jueves que radicalizarán sus protestas.

L D (EFE) “Vamos a impulsar las negociaciones para que se sumen a nuestra protesta los funcionarios que trabajan en las 5.560 alcaldías y en las gobernaciones de los 27 estados, junto a los empleados de la iniciativa privada”, aseguró José Domínguez Godoi Filho, director de la Confederación Nacional de las Entidades de los Trabajadores Públicos. El sindicalista es uno de los organizadores de una huelga en la que participa el setenta por ciento de los 900.000 funcionarios federales, quienes rechazan y exigen el aplazamiento de la tramitación en el Congreso de la citada reforma impulsada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Godoi Filho reseñó que la aprobación del proyecto en una primera votación el pasado martes en la Cámara de Diputados, no desmotivó a los funcionarios en huelga, y anunció que convocarán a los brasileños a manifestarse en las dos próximas semanas en todo el país. Miles de funcionarios marcharon ayer frente a las sedes de los tres Poderes del Estado y centenares intentaron en vano invadir la sede del Congreso Nacional. La intervención de la Policía no pudo impedir que algunos manifestantes atacaran con palos y piedras la fachada del edificio.

El proyecto de renovación del sistema de previsión social propone un techo de 2.400 reales (785 dólares) para la mayoría de las pensiones del país, el cobro de impuestos para los beneficios pagados a los ex funcionaros, y que mujeres y hombres sólo se jubilen a partir de los 55 y los 60 años, respectivamente. "Fue un error intentar dialogar y negociar con el Gobierno que con su propuesta de reforma traicionó a los funcionarios”, aseguró José María de Almeida, director ejecutivo de la “Central Única de los Trabajadores”.

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