LD (Agencias) El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, es el principal impulsor de una serie de reformas constitucionales que, entre otros efectos, supondrán más poderes para el cargo de jefe del Ejecutivo que desempeña. La decisión del Consejo de Ministros de aprobar un decreto ley para introducir importantes cambios en la Constitución abre el camino para transformar a Italia en un Estado de corte más federalista. Esas reformas habían sido largamente anunciadas por Berlusconi que, apoyado en la cómoda mayoría parlamentaria de centroderecha, confía en que sean ley antes de que termine 2004.
Para ello cuenta en esta ocasión con el respaldo unánime de todos sus socios de coalición, a diferencia de otras veces, aunque para ello ha tenido que hacer equilibrios cuando se ha tratado de contentar a la Liga Norte con sus aspiraciones de más competencias a las regiones, con los postulados centralistas de Alianza Nacional, que ve reforzado el papel de Roma como capital del Estado. Las competencias del Primer Ministro se verán reforzadas, ya que frente a la actual situación podrá proponer al jefe del Estado la disolución de la Cámara de Diputados, así como el nombramiento de los ministros y su cese, sin consulta ni parecer previo del Presidente de la República.
Entre otros cambios, el Senado pasará a ser una Cámara de representación territorial y estará compuesto por 200 miembros (315 en la actualidad), más los que ocupan el cargo de forma vitalicia, elegidos por un sistema electoral proporcional, mientras la Cámara de Diputados verá reducido el número de escaños de los 630 actuales a 400 y se dedicará a legislar sobre los asuntos que son competencia exclusiva del Estado. El Tribunal Constitucional tendrá una notable connotación regional, ya que cinco de sus 19 jueces serán elegidos por el futuro Senado descentralizado.
Todo lo anterior, si se cumplen los plazos, estará culminado antes de que termine 2004, por lo que algunos de estos cambios -no la composición de las dos Cámaras- ya afectarán al Primer Ministro y al Presidente de la República, cuyo mandado expira en 2006. Ahora se inicia un proceso de consulta a los Gobiernos regionales, antes de trasladar el decreto al Parlamento para tramitarlo.
Para ello cuenta en esta ocasión con el respaldo unánime de todos sus socios de coalición, a diferencia de otras veces, aunque para ello ha tenido que hacer equilibrios cuando se ha tratado de contentar a la Liga Norte con sus aspiraciones de más competencias a las regiones, con los postulados centralistas de Alianza Nacional, que ve reforzado el papel de Roma como capital del Estado. Las competencias del Primer Ministro se verán reforzadas, ya que frente a la actual situación podrá proponer al jefe del Estado la disolución de la Cámara de Diputados, así como el nombramiento de los ministros y su cese, sin consulta ni parecer previo del Presidente de la República.
Entre otros cambios, el Senado pasará a ser una Cámara de representación territorial y estará compuesto por 200 miembros (315 en la actualidad), más los que ocupan el cargo de forma vitalicia, elegidos por un sistema electoral proporcional, mientras la Cámara de Diputados verá reducido el número de escaños de los 630 actuales a 400 y se dedicará a legislar sobre los asuntos que son competencia exclusiva del Estado. El Tribunal Constitucional tendrá una notable connotación regional, ya que cinco de sus 19 jueces serán elegidos por el futuro Senado descentralizado.
Todo lo anterior, si se cumplen los plazos, estará culminado antes de que termine 2004, por lo que algunos de estos cambios -no la composición de las dos Cámaras- ya afectarán al Primer Ministro y al Presidente de la República, cuyo mandado expira en 2006. Ahora se inicia un proceso de consulta a los Gobiernos regionales, antes de trasladar el decreto al Parlamento para tramitarlo.