L D (EFE) Según informan este viernes los diarios La Repubblica y Corriere della sera , la fiscalía milanesa analiza la hipótesis de delito en relación con la compraventa entre 1994 y 1996 de los derechos de transmisión de películas estadounidenses en los canales de Mediaset (Rete4, Canale5 e Italia1). Según afirman estos diarios, la fiscalía ha solicitado ya al Ministerio de Justicia italiano que tramite una rogatoria ante Estados Unidos para aclarar algunos aspectos económicos de determinadas operaciones de compraventa de derechos para la emisión de películas en las cadenas de Mediaset.
El origen del caso está en dos cuentas bancarias suizas abiertas a nombre de dos empresas de las Islas Vírgenes británicas , "Universal One" y "Century One", que compraron a distribuidoras estadounidenses un paquete de derechos de emisión televisiva y lo vendieron en 1994 a otras dos firmas, "Principal Network Communications" y "Principal Communications". Estas últimas revendieron los derechos a dos compañías de Malta que finalmente los cedieron a Fininvest (propietaria de Mediaset) por 470 millones de euros.
La defensa sostiene que tanto las empresas de las Islas Vírgenes como las de Malta son ajenas a Fininvest y Mediaset, pero los fiscales apuntan a que las dos empresas británicas formaban parte de un entramado internacional al servicio del grupo televisivo de Berlusconi, ideado por el abogado Mills. Lo que se investiga es el efecto de todas estas operaciones en los balances empresariales de Fininvest (que en 1996 sacó a Bolsa Mediaset), de modo que se averigüe dónde han ido a parar las cantidades que se debían tributar al Fisco en los ejercicios de 1994, 1995 y 1996.
La fiscalía considera que el grupo televisivo italiano puede haber eludido al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros. La inclusión de Berlusconi en el registro de investigados tuvo lugar hace semanas, aunque sólo ha trascendido ahora y se trata de una formalidad que no implica necesariamente que sea procesado. Entre los investigados figuran también el actual presidente de Mediaset, Fedele Confaloniere (por la hipótesis de falsedad en balance) y otros ex directivos de la compañía, así como el banquero suizo Paolo del Bue (por presunto blanqueo de dinero) y el abogado británico David Mills (por fraude fiscal y blanqueo).
El origen del caso está en dos cuentas bancarias suizas abiertas a nombre de dos empresas de las Islas Vírgenes británicas , "Universal One" y "Century One", que compraron a distribuidoras estadounidenses un paquete de derechos de emisión televisiva y lo vendieron en 1994 a otras dos firmas, "Principal Network Communications" y "Principal Communications". Estas últimas revendieron los derechos a dos compañías de Malta que finalmente los cedieron a Fininvest (propietaria de Mediaset) por 470 millones de euros.
La defensa sostiene que tanto las empresas de las Islas Vírgenes como las de Malta son ajenas a Fininvest y Mediaset, pero los fiscales apuntan a que las dos empresas británicas formaban parte de un entramado internacional al servicio del grupo televisivo de Berlusconi, ideado por el abogado Mills. Lo que se investiga es el efecto de todas estas operaciones en los balances empresariales de Fininvest (que en 1996 sacó a Bolsa Mediaset), de modo que se averigüe dónde han ido a parar las cantidades que se debían tributar al Fisco en los ejercicios de 1994, 1995 y 1996.
La fiscalía considera que el grupo televisivo italiano puede haber eludido al fisco el equivalente a unos 170 millones de euros. La inclusión de Berlusconi en el registro de investigados tuvo lugar hace semanas, aunque sólo ha trascendido ahora y se trata de una formalidad que no implica necesariamente que sea procesado. Entre los investigados figuran también el actual presidente de Mediaset, Fedele Confaloniere (por la hipótesis de falsedad en balance) y otros ex directivos de la compañía, así como el banquero suizo Paolo del Bue (por presunto blanqueo de dinero) y el abogado británico David Mills (por fraude fiscal y blanqueo).