Autoridades regionales bolivianas culpan a Evo Morales de reprimir a tiros las protestas
Al menos una persona ha muerto y otras veinte permanecen heridas después de que soldados bolivianos que resguardan una estación de bombeo de hidrocarburos en la población de Villamonte dispersaran a tiros una multitud que pretendía ocupar las instalaciones propiedad de la compañía Transredes, subsidiaria de las multinacionales Shell y Ashmore. Los manifestantes, de la provincia Gran Chaco, en la frontera con Argentina, permanecen en huelga desde el lunes. Exigen que el Gobierno central y regional dictamine que el campo de gas "Margarita", uno de los más grandes del país, sea declarado bajo su jurisdicción. Por esos motivos se encuentra tomada desde el martes pasado una planta petrolera ubicada en Yacuiba.
LD (Agencia) Rubén Vaca, alcalde de la localidad de Villamontes, ha confirmado que un tiroteo en las inmediaciones de la estación de bombeo "San Antonio", propiedad de la compañía Transredes, subsidiaria de las compañías multinacionales Shell y Ashmore, se ha saldado con una persona muerta y otras veinte heridas. Culpó de la agresión al ministro de Gobernación (Interior), Alfredo Rada.
El alcalde dijo que los militares dispararon contra la multitud que se había apostado frente a las instalaciones petroleras, causando la muerte de Delmar Ruiz, de aproximadamente 35 años. Además, señaló que "los médicos están curando a ocho personas, una de ellas en estado grave, también por disparos de fusil".
Los habitantes de Villamontes y de Yacuiba, ambos de la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, en la frontera con Argentina, están en huelga desde el lunes pasado, con bloqueo de la carretera de la región. Los chaqueños demandan que el Gobierno y a la Prefectura (Gobernación) resuelvan su demanda sobre la resolución de un conflicto con su vecina provincia O'Connor, sobre la jurisdicción del cantón Chimeno, donde está el campo de gas "Margarita", uno de los más grandes de Bolivia.
El campo "Margarita", que tiene reservas de 10,5 billones de pies cúbicos de gas y operado por la hispano-argentina Repsol YPF, es reclamado por las dos provincias en su intento de obtener los tributos que pagarán Repsol y sus socias British Gas y Panamerican Energy (de British Petroleum).
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