L D (EFE) "Verdad y justicia, no impunidad", dijo el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, en rueda de prensa al informar de que por un decreto firmado por el presidente del país, Néstor Kirchner, se había ratificado esa convención de las Naciones Unidas que data de 1968. Argentina se adhirió a esa convención de las Naciones Unidas a mediados de la década de los años ochenta y en 1995 el Parlamento avaló por ley esa decisión, pero desde ese entonces faltaba la ratificación gubernamental para que entrara en vigor.
La decisión del Gobierno de Kirchner se produce en la víspera de una sesión de la Cámara de Diputados citada para debatir un proyecto del bloque de Izquierda Unida para anular las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, llamadas también de impunidad por los organismos de derechos humanos. En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a la Carta Magna todos los tratados internacionales sobre derechos políticos y civiles, pero el que declara imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos quedó aplazado, pese a que algunos legisladores intentaron darle rango constitucional.
El senador nacional Jorge Yoma, del partido Justicialista (peronista), en el Gobierno, ha presentado en vano desde 1995 varios proyectos para la ratificación de la Convención Internacional sobre los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Ese tratado declara imprescriptibles los crímenes de guerra y de lesa humanidad "cualquiera sea la fecha" en que han sido perpetrados y obliga a los estados firmantes a adoptar las medidas "necesarias para hacer posible las extradiciones de acuerdo" con lo previsto por el Derecho Internacional.
El debate sobre las llamadas leyes de impunidad de Argentina, promulgadas durante el Gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989), se disparó por la orden de captura, con fines de extradición, dictada por el juez español Baltasar Garzón contra 46 argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas perpetrados durante el régimen militar. El juez federal de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar hace tres semanas a la petición de su colega de la Audiencia Nacional de España y mandó encarcelar a los acusados mientras se tramita la extradición.
La ratificación gubernamental de la convención de las Naciones Unidas podría abrir la puerta a la reanudación de los juicios contra los militares y policías que actuaron en la cruenta represión ilegal del régimen militar sin necesidad de que el Parlamento anule las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, según defensores de los derechos humanos.
La decisión del Gobierno de Kirchner se produce en la víspera de una sesión de la Cámara de Diputados citada para debatir un proyecto del bloque de Izquierda Unida para anular las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, llamadas también de impunidad por los organismos de derechos humanos. En la reforma constitucional de 1994 se incorporaron a la Carta Magna todos los tratados internacionales sobre derechos políticos y civiles, pero el que declara imprescriptibles las violaciones a los derechos humanos quedó aplazado, pese a que algunos legisladores intentaron darle rango constitucional.
El senador nacional Jorge Yoma, del partido Justicialista (peronista), en el Gobierno, ha presentado en vano desde 1995 varios proyectos para la ratificación de la Convención Internacional sobre los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Ese tratado declara imprescriptibles los crímenes de guerra y de lesa humanidad "cualquiera sea la fecha" en que han sido perpetrados y obliga a los estados firmantes a adoptar las medidas "necesarias para hacer posible las extradiciones de acuerdo" con lo previsto por el Derecho Internacional.
El debate sobre las llamadas leyes de impunidad de Argentina, promulgadas durante el Gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989), se disparó por la orden de captura, con fines de extradición, dictada por el juez español Baltasar Garzón contra 46 argentinos por los delitos de genocidio, terrorismo (de Estado) y torturas perpetrados durante el régimen militar. El juez federal de Buenos Aires Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar hace tres semanas a la petición de su colega de la Audiencia Nacional de España y mandó encarcelar a los acusados mientras se tramita la extradición.
La ratificación gubernamental de la convención de las Naciones Unidas podría abrir la puerta a la reanudación de los juicios contra los militares y policías que actuaron en la cruenta represión ilegal del régimen militar sin necesidad de que el Parlamento anule las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, según defensores de los derechos humanos.