Argentina da un paso histórico y pone el punto final a las leyes de impunidad

LD (Agencias) Las leyes de "Obediencia debida" y "Punto final", conocidas como "leyes de impunidad", han sido anuladas en el Senado argentino por 43 votos a favor, siete en contra y una abstención. Una veintena de legisladores no estuvo en el recinto. Antes de la crucial votación, por unanimidad los legisladores habían convertido en ley el otorgamiento de rango constitucional al convenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1968 que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ambas normas son consideradas fundamentales por el presidente Néstor Kirchner para llevar adelante su estrategia de reabrir en los juzgados la revisión de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Así, el Gobierno pretende cerrar la polémica abierta por la solicitudes de extradición promovidas por varios países, en particular por el magistrado español Baltasar Garzón.

Una semana después de que la aprobación pasará por la Cámara de Diputados, los senadores del Partido Justicialista apoyaron la iniciativa promovida desde el Ejecutivo tras varias horas de intenso debate en el que primaron los argumentos políticos por sobre los jurídicos. La sesión se planteó como un duelo entre los argumentos políticos y la defensa de la política de búsqueda de la verdad y la justicia de la administración de Néstor Kirchner, por un lado, y el rechazo del radicalismo a la anulación por considerar que el Poder Legislativo no está autorizado por la Constitución para tomar ese tipo de medidas, por el otro. Así, el líder del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, calificó la sanción del proyecto como “un pronunciamiento político destinado pura y exclusivamente al Poder Judicial”.

Por esas polémicas normas, sancionadas durante el Gobierno presidido por Raúl Alfonsín (1983-1989), fueron exculpados más de un millar y medio de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Sin embargo, la decisión del Senado abrió la discusión sobre si los tribunales locales quedan habilitados para reanudar los juicios que fueron virtualmente archivados por las leyes de "Punto final" y "Obediencia Debida". En esa línea, los especialistas tienen opiniones divididas, aunque la mayoría advierte de que, en definitiva, toda decisión parlamentaria puede ser recurrida ante los tribunales superiores, incluso la Corte Suprema de Justicia. Pero coinciden en que la decisión del Parlamento, en consonancia con lo que ha expresado el presidente del país, Néstor Kirchner, es un claro mensaje al máximo tribunal, que desde hace dos años tiene en estudio apelaciones sobre la validez de esas normas.

Los juristas sostienen que es competencia exclusiva de la Corte Suprema, en su carácter de tribunal de resguardo de las garantías y derechos consagrados por la Constitución argentina, declarar la nulidad de las leyes de "Punto final" y "Obediencia debida". Una vez que el máximo tribunal se pronuncie se podrán entonces reanudar los juicios que frenaron esas polémicas normas, siempre y cuando los jueces supremos lo hagan en consonancia con la voluntad política del Ejecutivo y del Legislativo.