LD (María del Carmen Bourdin) El Plan tampoco contiene precisiones en cuestiones claves para la recuperación del país como la reestructuración institucional para atraer nuevamente inversiones externas e internas. Los argentinos mantienen colocados en el exterior unos 150 mil millones de dólares. Tampoco enfoca la integración económica regional y mundial –salvo el caso de “las relaciones carnales” con Brasil– ni la generación genuina de empleo, todas estas cuestiones esenciales para el desarrollo económico.
Del Plan de gobierno de Kirchner, redactado en un estilo más bien retórico, declamatorio, sólo queda claro que el Estado pasará a cumplir un rol fundamental, que se incrementarán las obras públicas –a tal efecto se creará un Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas– y que se mantendrá la política asistencialista para la contención de la pobreza, todo esto a costa del incremento del gasto público.
El primer anuncio oficial de Kirchner fue la confirmación de la continuidad de los planes de asistencia social que 2 millones de personas reciben a través de un subsidio estatal directo de 150 pesos (50 dólares) que el ex presidente Eduardo Duhalde concibió como plan de ayuda social masiva. Si bien esos planes sociales fueron ejecutados por Duhalde con el objetivo de contener la aguda crisis que amenazaba con destruir el entramado social del país, su uso posterior se desvirtuó, convirtiéndose mayoritariamente en moneda de cambio de piqueteros y punteros políticos que los utilizan con fines demagógicos y clientelistas.
Así vemos la designación de la hermana del presidente, Alicia Kirchner, en la cartera de acción social, cargo que ésta ocupó por más de diez años en la provincia de Santa Cruz, donde son conocidas las prácticas asistencialistas que ambos aplicaron en esa provincia.
Pero los problemas de la alejada y subsidiada Santa Cruz ni se comparan con el caos social y económico que Kirchner confronta. De una población de 36 millones, alrededor de 20 millones de argentinos viven en la pobreza, sin ingresos para comprar una cesta básica de alimentos y servicios. De ese número, cerca de 10 millones son considerados indigentes y viven con menos de un dólar por día.
Tras la devaluación, la economía argentina cayó11%; la industria operaba al 70% de su capacidad; las inversiones bajaron 60% y la inflación promedio fue del 40%. Las consecuencias se notan: un índice de desempleo que alcanza a 2,5 millones de argentinos (17,8% de la población); caída del salario real y mayor desigualdad social en un proceso que parece no detenerse.
Más del 40% de la fuerza laboral –5 millones de personas– tiene problemas de empleo porque está desocupado o trabaja pocas horas. Y, de los que trabajan, más de una cuarta parte gana tan poco que vive por debajo de la línea de pobreza. El ingreso medio de la población es de 512 pesos (alrededor de 150 dólares) mientras que el precio de la canasta básica alimentaria de indigencia es de 333 pesos y la de pobreza es de 723 pesos.
En las provincias del norte argentino como Tucumán, Salta y Jujuy la pobreza afecta entre el 65% y 75% de la población; en Formosa supera el 80%. En el Gran Buenos Aires golpea a más del 60% –casi seis millones de personas– y en la ciudad de Buenos Aires alcanza al 20%. Según la encuesta 2002 del Banco Mundial, en las áreas rurales la pobreza es del 72,6%.
El mayor peso de la pobreza recae en los niños. La desnutrición infantil afecta a uno de cada cinco, con problemas de crecimiento y trastornos neurológicos. El 22% de los niños entre 5 y 14 años trabaja y de los adolescentes que trabajan, el 58% no asiste a la escuela.
Durante la década del 90 Argentina abrió su economía al mundo, se privatizaron las empresas estatales y se redujeron las funciones del Estado. Esos logros la convirtieron en un modelo a seguir por otros países de América Latina. Pero hoy tiene indicadores sociales inferiores a gran parte de Latinoamérica, por lo que esta vez se necesitan políticas reales de crecimiento económico y no el tipo de soluciones efectistas que promueve Kirchner, porque en el país que una vez fue el “granero del mundo”, el hambre ya cobró demasiadas víctimas.
María del Carmen Bourdin es periodista argentina y directora ejecutiva de la Fundación del Sur.
© AIPE
Del Plan de gobierno de Kirchner, redactado en un estilo más bien retórico, declamatorio, sólo queda claro que el Estado pasará a cumplir un rol fundamental, que se incrementarán las obras públicas –a tal efecto se creará un Ministerio de Infraestructura y Obras Públicas– y que se mantendrá la política asistencialista para la contención de la pobreza, todo esto a costa del incremento del gasto público.
El primer anuncio oficial de Kirchner fue la confirmación de la continuidad de los planes de asistencia social que 2 millones de personas reciben a través de un subsidio estatal directo de 150 pesos (50 dólares) que el ex presidente Eduardo Duhalde concibió como plan de ayuda social masiva. Si bien esos planes sociales fueron ejecutados por Duhalde con el objetivo de contener la aguda crisis que amenazaba con destruir el entramado social del país, su uso posterior se desvirtuó, convirtiéndose mayoritariamente en moneda de cambio de piqueteros y punteros políticos que los utilizan con fines demagógicos y clientelistas.
Así vemos la designación de la hermana del presidente, Alicia Kirchner, en la cartera de acción social, cargo que ésta ocupó por más de diez años en la provincia de Santa Cruz, donde son conocidas las prácticas asistencialistas que ambos aplicaron en esa provincia.
Pero los problemas de la alejada y subsidiada Santa Cruz ni se comparan con el caos social y económico que Kirchner confronta. De una población de 36 millones, alrededor de 20 millones de argentinos viven en la pobreza, sin ingresos para comprar una cesta básica de alimentos y servicios. De ese número, cerca de 10 millones son considerados indigentes y viven con menos de un dólar por día.
Tras la devaluación, la economía argentina cayó11%; la industria operaba al 70% de su capacidad; las inversiones bajaron 60% y la inflación promedio fue del 40%. Las consecuencias se notan: un índice de desempleo que alcanza a 2,5 millones de argentinos (17,8% de la población); caída del salario real y mayor desigualdad social en un proceso que parece no detenerse.
Más del 40% de la fuerza laboral –5 millones de personas– tiene problemas de empleo porque está desocupado o trabaja pocas horas. Y, de los que trabajan, más de una cuarta parte gana tan poco que vive por debajo de la línea de pobreza. El ingreso medio de la población es de 512 pesos (alrededor de 150 dólares) mientras que el precio de la canasta básica alimentaria de indigencia es de 333 pesos y la de pobreza es de 723 pesos.
En las provincias del norte argentino como Tucumán, Salta y Jujuy la pobreza afecta entre el 65% y 75% de la población; en Formosa supera el 80%. En el Gran Buenos Aires golpea a más del 60% –casi seis millones de personas– y en la ciudad de Buenos Aires alcanza al 20%. Según la encuesta 2002 del Banco Mundial, en las áreas rurales la pobreza es del 72,6%.
El mayor peso de la pobreza recae en los niños. La desnutrición infantil afecta a uno de cada cinco, con problemas de crecimiento y trastornos neurológicos. El 22% de los niños entre 5 y 14 años trabaja y de los adolescentes que trabajan, el 58% no asiste a la escuela.
Durante la década del 90 Argentina abrió su economía al mundo, se privatizaron las empresas estatales y se redujeron las funciones del Estado. Esos logros la convirtieron en un modelo a seguir por otros países de América Latina. Pero hoy tiene indicadores sociales inferiores a gran parte de Latinoamérica, por lo que esta vez se necesitan políticas reales de crecimiento económico y no el tipo de soluciones efectistas que promueve Kirchner, porque en el país que una vez fue el “granero del mundo”, el hambre ya cobró demasiadas víctimas.
María del Carmen Bourdin es periodista argentina y directora ejecutiva de la Fundación del Sur.
© AIPE