Acusan a Fujimori ante la Fiscalía por un fraude patrimonial de 372 millones de dólares
El ex presidente peruano Alberto Fujimori fue denunciado este martes por la Fiscalía de la Nación de Perú por un presunto desfase patrimonial de 372 millones de dólares cuando gobernó el país andino, entre 1990 y el año 2000.
LD (Agencias) La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, formuló la denuncia penal ante la Corte Suprema contra Fujimori por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado agravado, falsedad material e ideológica y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. El Ministerio Público señaló que la denuncia también comprendió a los ex ministros fujimoristas Jorge Camet, Víctor Joy Way, Jorge Baca, Efraín Goldenberg, César Saucedo, Julio Salazar Monroe, Carlos Bergamino y José Villanueva por los delitos de peculado y asociación ilícita.
La Fiscalía realizó una investigación que permitió detectar la existencia de un desfase patrimonial equivalente a 372 millones de dólares en los ingresos que tuvo Fujimori como presidente de la República. El ex jefe de Estado debió haber recibido durante los diez años que gobernó 75.893 soles y una pensión mensual de 1.500 soles (431 dólares) como ex catedrático de la Universidad Nacional Agraria. Agregó que ello se contradice con los gastos que le ocasionaron al ex presidente los estudios superiores de sus cuatro hijos en el extranjero, como es el caso de Sachi Fujimori, cuyos gastos en EEUU significaron al ex presidente más de 1,2 millones de soles (unos 344.000 dólares).
La Fiscalía indicó que para justificar esos gastos el ex presidente simuló una operación de compra-venta de un inmueble ubicado en el barrio residencia limeño de Monterrico. Además, se tomaron en cuenta declaraciones del ex asesor Vladimiro Montesinos, quien señaló que Fujimori utilizaba dinero destinado al desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para el pago de los estudios de sus hijos. También se acusó a Fujimori de haberse apropiado de sumas mayores al millón de dólares, donadas por los ciudadanos japoneses para los herederos de las víctimas de la operación de rescate de los rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima, en 1997.
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